A pesar de los cuestionamientos constitucionales que afloran con una lectura de la medida, los titulares del Departamento de Justicia, el Departamento del Trabajo y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) respaldaron el borrador de la propuesta de 'Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico', la cual confiere más poderes a la Rama Ejecutiva.

Las ponencias a favor se enmarcaron en la celebración de una vista pública conjunta del Senado y de la Cámara de Representantes celebrada hoy, miercoles.

La medida del 'Nuevo Gobierno', discutida como el Proyecto del Senado (PS) 653 y el Proyecto de la Cámara (PC) 1275, busca reducir el gasto gubernamental mediante la concesión de poderes al Gobernador para 'transferir, consolidar, reorganizar, externalizar, suprimir y crear nuevas estructuras gubernamentales y agencias', según el borrador.

Sin embargo, esa autoridad es descrita de la misma manera en la Constitución de Puerto Rico como una atribuida a la Asamblea Legislativa.

'Este proyecto de ley lo que hace es dar un cheque en blanco al Gobernador para asumir la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa. Es un calco del texto constitucional lo que se le está delegando al Gobernador para que asuma la facultad de la Asamblea Legislativa por virtud de las órdenes ejecutivas. Yo no tengo duda que eso es inconstitucional y es una usurpación de poderes', exclamó el senador Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Por su parte, el senador Jose Nadal Power, del Partido Popular Democrático (PPD), tambien expresó preocupaciones sobre el texto de la medida, uno que sufrirá cambios según se aludió en repetidas ocasiones, porque 'como está escrita no pasa ningún escrutinio constitucional'.

Similar oposición presentó el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón, quien añadió que el lenguaje de la medida da paso a una posible eliminación de agencias.

En respuesta a las dudas de los legisladores, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, aseguró que el texto cumple con las disposiciones constitucionales, pero --tal como acordó con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares-- será enmendado para garantizar los poderes legislativos.

Igualmente, ante cuestionamientos del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Mendez Núñez, sobre la posible amplitud discursiva en la medida y la superposición de poderes, la Secretaria respondió que la colaboración entre ramas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) era común.

'Nosotros lo que podemos argumentar del punto de vista de derecho es que la doctrina tripartita de separación de poderes que establece nuestra Constitución, ciertamente es una separación de poderes que nunca exactamente y taxativamente ha existido. ¿Por que? Por la colaboración que siempre ha habido entre la colaboración Ejecutiva y la Rama Legislativa, particularmente. Vemos otras leyes que, de igual manera han sido compartidas la facultad de consolidación o la integración de agencias entre ambas ramas', explicó Vázquez Garced.

Es por eso que, a su juicio, el proyecto de ley está jurídicamente respaldado y validado por la Constitución de Puerto Rico y contiene las salvaguardas necesarias para garantizar el balance de poderes entre ramas.

El boceto discutido estipula que las siete agencias constitucionales están exentas de la reorganización bajo el control del Gobernador, al igual que las oficinas del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente, Ética Gubernamental, Contralor Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones y la Universidad de Puerto Rico.Asimismo, la disposición tendría vigencia por 10 años --período del Plan Fiscal--, no obstante, los cambios sometidos por el Ejecutivo continuarán efectivos hasta que otro gobernante decida revocarlos.

La discusión de esta medida surge luego del rotundo rechazo por parte del Senado del proyecto del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, para atender emergencias y que, según los legisladores, otorgaba una serie de poderes cuestionables al Primer Ejecutivo.

La pieza legislativa disponía, por ejemplo, que en casos de emergencia los recursos municipales, incluyendo personal para lidiar con la emergencia, materiales, equipo y servicios, bienes muebles e inmuebles, entre otros, quedarían bajo el poder del Gobernador.

Del mismo modo, se aborda luego de la creación de la Orden Ejecutiva que crea la Oficina Central de Reconstrucción de Puerto Rico, la cual organizaría todos los esfuerzos de recuperación luego de cualquier fenómeno atmosferico.

Amparados en la eficiencia

La creación del PS 653 y el PC 1275 se ampara en las exigencias de la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal de achicar el aparato gubernamental, además de sustentarse en los problemas burocráticos suscitados por el paso del huracán María.

'Es una medida que básicamente recoge los principios que se le presentaron al pueblo de Puerto Rico durante la campaña electoral de construir un nuevo Gobierno. Un Gobierno que sea mucho más ágil, Gobierno que tenga la oportunidad de accesar los servicios a los ciudadanos de una manera mucho más efectiva y que no tengamos ese gigantismo gubernamental que ha arropado en burocracia los servicios al pueblo de Puerto Rico', señaló Mendez Núñez.

De las ponencias se desprende que la Rama Ejecutiva se compone de unas 118 agencias que proveen 340 servicios, a un costo de $20,000 millones anuales. Con la aprobación de la medida, los cambios quedarían a discreción del Gobernador.En esa línea, el senador y exsecretario del Trabajo, Miguel Romero Lugo, opinó que el tamaño del Gobierno debe ser reducido 'por muchísimas razones' y por las condiciones fiscales de la Isla 'que al final del día pagan los constituyentes'.

Tanto el director ejecutivo de AAFAF, Gerardo Portela Franco, y el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra Gutierrez, subrayaron que los fondos federales no se verán afectados ni se provocarían despidos con la implementación de esta medida.

Por otra parte, Saavedra Gutierrez resaltó que los empleados que sean movidos a otras agencias conservarán todos sus derechos según establecido en la ley de 'Empleador Único'.

Cabe destacar que el Presidente Cameral ordenó a la AAFAF a someter una nueva ponencia, ya que la presentada no se atemperaba a los acuerdos advenidos entre ellos. Mientras, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Christian Sobrino Vega, tambien suponía deponer ante la Legislatura, empero, fue excusado por estar de viaje en Washington.