Cinco uniones obreras le exigieron al gobernador Ricardo Rosselló y a su administración que detengan la 'campaña antisindical' que daría paso a que la cuota de los sindicatos fuese opcional para aquellos que no quieren pertenecer a las organizaciones.

Las uniones que se han unido en su reclamo al gobernador son: Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, la Unión General de Trabajadores, la Federación Central de Trabajadores y la Unión PASO, SPT/SPU.

Estas organizaciones denunciaron que las medidas que pretende imponer el gobierno de Rosselló, en la práctica, usurpan los poderes legislativos al enmendar y cancelar leyes y procedimientos que protegen a las y los empleados públicos.

Tomando como base la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Janus v Afscme, en que se prohíbe el cobro de cargos por servicios a empleados públicos desafiliados de la unión, el Secretario del Trabajo Carlos Saavedra, y la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez emitieron un memorando que cancela la pertenencia al sindicato y pone en manos del patrono un nuevo proceso de reafiliación.

El liderato obrero aclaró que la desafiliación masiva impuesta por el gobierno le arrebataría a las y los trabajadores afectados los derechos y beneficios negociados en los convenios colectivos como son la aportación patronal al plan medico, los recursos de quejas y agravios y otros derechos consignados en los convenios.

'La unión es la única línea de defensa de los trabajadores que le pone un freno y un detente al Estado para que no puedan imponer a su antojo sus planes de despidos masivos, movilidad, traslados, eliminación de derechos y beneficios, privatización y mantener el padrinazgo. Por esta razón, el Gobierno está utilizando el caso Janus, para crear un nuevo estado de derecho laboral ilegal y unilateral para debilitar la fuerza de los trabajadores organizados' explicó Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.

Para el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson L. Guzmán López, la radicación de este interdicto se hace pertinente 'ante la ofensiva asumida por el Ejecutivo, intentando imponer su tergiversada visión de la sentencia del caso Janus, con la cual pretenden arrebatarle a los trabajadores su fundamental herramienta de lucha'.

Por su parte, Roberto Pagán, presidente del SPT declaró que 'la administración de Ricardo Rosselló, una vez más, pretende legislar desde La Fortaleza enmendando leyes y reglamentos de manera arbitraria. Tienen la misma intención que con la derogación de la Ley 80 que es quitar derechos y empobrecer más a las familias trabajadoras'.

Para el secretario tesorero de la FCT, local 481 UFCW, Juan Cortes Valle, el Memorando de la Secretaria de Justicia y el Secretario del Trabajo 'constituye una acción antidemocrática, un burdo intento por acallar la voz social que representan las uniones para silenciar cualquier disidencia. Están malinterpretando y exagerando la decisión judicial para su propio beneficio'.