La insuficiencia de patólogos forenses, la intervención de las instituciones hospitalarias y la falta de mantenimiento a las estructuras son solo algunos factores que se han amontonado para convertirse en lo que hoy se cataloga como la crisis en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

Por las pasadas semanas, la agencia ha estado bajo el ojo público debido al hacinamiento de cadáveres y un hedor proveniente de los vagones en que son almacenados, especialmente tras el paso del huracán María.

En una ponencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, la Comisionada interina del NCF, Mónica Menendez Larrauri, no solo consignó la carencia de patólogos y especialistas, sino que destacó que el envío innecesario de cuerpos por parte de los hospitales atrasa posterga los ya dilatadas procesos.

La funcionaria enumeró que en el mes de mayo el NCF recibió 504 cadáveres, de los cuales 45 fueron homicidios, 15 se catalogaron como suicidios, 73 como accidentes, 22 cuya causa sigue desconocida y 73 aún están pendientes de clasificar.

Los restantes 276, o sea el 54.76%, fallecieron por causas naturales. De ellos, 108 (39.13%) provinieron de hospitales.

'Traer cuerpos que no le corresponde trabajar al NCF reduce el tiempo a los patólogos para procesar cadáveres que por ley deben atender. Tampoco tenemos la cantidad suficiente de patólogos, y estos tienen que desviar su tiempo para revisar cadáveres que a fin de cuentas mueren por causas naturales, pero que han sido enviados sin necesidad', expresó Menendez Larrauri en su ponencia ante la Cámara de Representantes.

El documento no se discutió el pasado viernes en la primera parte de la vista pública, puesto que los legisladores se enfrascaron en la ausencia de protocolos para un funcionamiento eficaz, los procesos de limpieza a los vagones y los roces administrativos.

La funcionaria está citada mañana, lunes 6 de agosto, para continuar los cuestionamientos que fueron interrumpidos el viernes. Ese día, despues de su tropezada participación, Menendez Larrauri solicitó excusarse de los trabajos porque se sentía mareada.

Por virtud de la Ley 20 de 2017, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP), el NCF está obligado a investigar la causa de muerte de una persona cuando, entre otras circunstancias, el medico que hubiere asistido a dicha persona en vida no pudiera razonablemente establecer que su muerte se debió a causas naturales.

Según Menendez Larrauri, la reducción anunciada de $1.5 millones en la nómina regular de la agencia para el presupuesto del año fiscal 2018-2019 dejaría 'inoperante para atender solicitudes de análisis para casos que esperan ser sometidos y adjudicados en los tribunales, así como tambien para determinar la causa y la manera de muerte'.

La Comisionada Interina aludió a otros problemas que fueron consignados en las ponencias de los demás grupos citados, entre ellos la la Federación de Transportistas y Funerarios de Puerto Rico y el liderato de la Local 2099, unión de trabajadores del NCF.

De acuerdo a la Local 2099, representada por su presidente Carlos Velez Miranda, el NCF cuenta con 10 patólogos y 84 peritos que deben servir a las agencias, fiscales y abogados de defensa criminal, las 13 áreas policiacas y las 13 fiscalías alrededor de la Isla.

La insuficiencia de personal se agravó en el 2009, de acuerdo a Velez Miranda, con la Ley 7 y la Ley 70 de 2010 de retiro incentivado. Ese año, el NCF perdió 32 empleados que en su mayoría se encargaban de funciones clericales y colaboraban con la transcripción de informes periciales. En el 2015, mediante la Ley 211, el Gobierno autorizó el pre-retiro de 21 personas 'sin utilizar criterios de necesidad de servicios', según el portavoz.

Al poco personal se suman las condiciones decadentes de la estructura que alberga al NCF, que tambien fueron señaladas en las ponencias de los citados por la Comisión de Salud.

Como efecto dominó, la falta de personal y de mantenimiento del aire acondicionado, por ejemplo, afectan la labor de la Federación de Transportistas y Funerarios.

En un escrito, el grupo aludió a que la insuficiencia de patólogos forenses y de personal en el área de Recibo y Entrega de cadáveres prolonga el tiempo de espera que un cadáver pasa en los vehículos en que fueron transportados.

Estas unidades de traslado no cuentan con las condiciones de temperatura adecuadas para resistir la espera y los cadáveres entonces están propensos a sufrir daños post mortem.

El NCF tampoco cuenta con un área refrigerada para combatir la espera.

De igual forma, la Federación de Transportistas y Funerarios declaró en su ponencia que las puertas de entrada al área de entrega y recibo estaban averiadas y debían abrirse de forma manual, acto que ponía en riesgo la salud de los visitantes.

Sumado a eso, esa área no cuenta con equipo de seguridad.

En su ponencia, Menendez Larrauri había mencionado que el alto costo incurrido para propósitos de mantenimiento y reparaciones resulta en soluciones temporeras.

La agencia, bajo la sombrilla del DSP y la supervisión de su secretario, Hector Pesquera, retomará su cita ante Cámara de Representantes mañana, lunes, a propósito de la Resolución 506.

Suponen deponer empleados de la agencia, como el gerente de operaciones Danny López Rivera, el investigador forense Edgardo Vera López y Jessica Ortiz, quien labora en la Oficina de Garantía de Calidad, además de los portavoces de la unión de empleados y los funerarios.