Aunque anunciada como una 'nueva' dirección implantada por iniciativa del Gobernador, la propuesta de confeccionar el presupuesto de las agencias para inyectarle medidas de revisión de desempeño significa un abandono de la promesa de campaña de un presupuesto 'base cero' y la adopción de una directriz que ya la Junta de Control Fiscal (JCF) tenía insertada en el Plan Fiscal.

La 'nueva' dirección que tomará el presupuesto de Puerto Rico, aunque anunciada desde La Fortaleza, es una iniciativa cuyas piezas están consignadas en la versión del Plan Fiscal elaborada y certificada por la JCF, con fecha de abril de 2018, y aprobada en octubre.

El presupuesto 'base cero', de otro lado, era una propuesta de campaña en la cual cada organismo público debía evaluar sus programas y actividades desde una base cero, lo que permite determinar su necesidad y cuestionar su utilidad y pertenencia. La propuesta es recordada porque fue la que desarrolló para el comite de campaña de Rosselló Nevares el exjuez Rafael Ramos Sáenz en una movida controvertible porque lo estaba haciendo a la vez que se desempeñaba como juez. Ramos Sáenz enfrenta 19 cargos criminales por aprovechamiento ilícito de servicios y propiedad pagados con fondos públicos, enriquecimiento ilícito y violación al Código Electoral.

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Al abandonar esa propuesta, Rosselló Nevares planteó en una actividad en el Municipio de Bayamón el lunes que su equipo ha evaluado la iniciativa de un presupuesto por desempeño por espacio de un año y medio y que la misma sería fundamental para el futuro económico de la Isla porque supone traer consigo mayor transparencia en el uso de fondos públicos.

'Esto requiere transparencia sin precedentes. Esto tambien pone una lupa sobre nuestro gobierno y los jefes de agencia de que tienen que ejecutar. Si se te va a estar dando el dinero con una expectativa razonable de que vas a tener resultados, pues vas a tener que entonces rendir cuentas en algún momento', aseguró el Primer Ejecutivo en conferencia de prensa.

Su funcionamiento, explicó, se basará en el análisis de informes periódicos relacionados a la cantidad de dinero asignado a una agencia, la suma empleada y la cifra necesaria para cumplir las metas de esa agencia o inversión particular. Tambien se estudiaría el modo de asignación presupuestaria por los pasados diez años para establecer tendencias y proyecciones.

'Hay una pieza nueva que vamos a estar distribuyendo que es el Mid Year Budget Review [revisión presupuestaria de mitad de año]. Vamos a estar evaluando cómo van las cosas en el presupuesto para que la gente sepa cómo se está utilizando y cuáles son los ajustes que nos tenemos que preparar para el nuevo presupuesto que va a venir despues', describió Rosselló Nevares.

En una entrevista con El Nuevo Día, el Primer Ejecutivo aseguró que la adopción del nuevo modelo presupuestario no había sido consultada con la JCF. Sin embargo, el Plan Fiscal aprobado el 23 de octubre de 2018 enfatiza en la necesidad de implementación de mecanismos similares para asegurar la transparencia y el desempeño saludable de las agencias de gobierno.

Entre sus páginas queda demostrado cómo la entidad financiera le encomienda al Gobierno la elaboración de un informe trimestral que detalle las economías por agencia en relación al personal y el desempeño.

La JCF advierte, además, que si para el tercer trimestre de cualquier año fiscal una agencia muestra un bajo rendimiento, le restringirán automáticamente su presupuesto en una cantidad correspondiente a todo aquello que no lograron ahorrar.

En ese aspecto, el Plan Fiscal deja a discreción de la JCF si la productividad de la agencia es sustanciosa o no, por lo que la entidad a cargo de las finanzas del país tendrá la potestad de exigir reducciones de personal para lograr los ahorros necesarios.

Estas medidas son consideradas como ahorros valorados en $402.9 millones anuales en el año fiscal 2023, si se ejecutan junto a la congelación de plazas en el sector público, la estandarización en las aportaciones a los planes medicos y la eliminación del bono de Navidad para los empleados públicos.

Más adelante, el documento establece que cada agencia debe tener una Oficina de Manejo de Programas (PMO, en ingles) que se reporte directamente a la Oficina del Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en ingles).

Esta es la oficina bajo la Rama Ejecutiva creada a petición de la JCF y formada por los componentes de índole fiscal del gobierno, como el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y su dirección está bajo Raúl Maldonado Gautier.

Aunque aún no se ha concretado en su totalidad, el Plan Fiscal estipula que el CFO tambien incluye el Banco Gubernamental de Fomento, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, la Administración de Servicios Generales y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

'Con esta estructura, el gobierno está encaminado a manejar efectivamente e implementar el Plan Fiscal', según el documento.

Recaerá en el CFO, entonces, la labor de supervisión y comunicación con la JCF respecto a los cambios en las agencias.

Como si fuera poco, este 'nuevo modelo presupuestario' tambien resuena en la Ley 3 de 2017, conocida como la 'Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico'.

La Resolución Conjunta 186 establece que, conforme a la Ley 3 de 2017, todas las entidades de la Rama Ejecutiva deben remitir al Gobernador y a las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes un informe trimestral. Dicho informe debe incluir medidas tomadas por las agencias, resultados y toda información pertinente que justifique el cumplimiento de las disposiciones de control fiscal.

En esa resolución se le encomienda al gobierno a desarrollar un plan de trabajo junto a la JCF para presentar y certificar informes mensuales y trimestrales de ingresos y gastos. De no cumplirse las proyecciones, OGP --con el visto bueno de la JCF-- podrá reprogramar o transferir asignaciones presupuestarias.