La multa surge de su intervención para que premiaciones a maestros fueran a dos identificados con el Partido Nuevo Progresista, incluyendo una que ahora es miembro de la Cámara de Representantes.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) impuso una multa por $5,000 al senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez por actuaciones llevadas a cabo cuando era subsecretario del Departamento de Educación (DE) durante la Administración Pierluisi Urrutia.

La querella ética surgió de su intervención para que la premiación de Maestro del Año, que estaba dotada con fondos federales, fuera a dos candidatos específicos identificados con la administración del exgobernador, a pesar de que el concurso tenía un jurado constituido y una rúbrica de evaluación. Se darían $5,000 cada uno a un maestro y director, y $3,000 cada uno a maestros y directores finalistas.

El foro administrativo de la OEG era la instancia que quedaba pendiente, después de que el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) determinaran que no procedía una investigación criminal.

Tras las denuncias sobre su intervención indebida, Sánchez Álvarez salió del DE al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), donde también hubo denuncias por realizar actividades de recaudación de fondos políticos en lugar, tiempo y con equipo de la agencia. Del DTOP salió a tener contratos con la Autoridad de Tierras (AT) bajo su empresa, Advisors Consulting LLC (AC), la cual creó siendo todavía empleado de gobierno. AC tuvo un contrato vigente con la autoridad hasta el 30 de junio de este año y que no aparece cancelado, a pesar de que el funcionario juramentó como senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) en enero de este año.

La intervención fue a favor de los maestros Bryan M. Rivera Medina y Odalys González González. Esta última había sido donante de Pierluisi Urruria antes del episodio de la premiación y en las elecciones pasadas fue electa representante por el distrito 18.

El jurado de la premiación no hizo caso de la intervención del entonces subsecretario y prosiguió con su adjudicación de los premios a otros maestros concursantes. Pero expresaron su disgusto al entonces secretario del DE, también secretario hoy, Eliezer Ramos Parés. También, algunos sometieron quejas en la división legal de la agencia el mismo día de la intervención. Ese proceso interno quedó sin efecto bajo la jefatura en la agencia de Yanira Raíces Vega, una allegada de Sánchez Álvarez que había presenciado cuando este presionó a cuatro de los miembros del jurado para que favorecieran a sus dos candidatos. Ese archivo ocurrió el 15 de abril de 2024, dos meses después de que el PNP dijo que reconsideraría la certificación de una serie de candidatos, incluyendo a Sánchez Álvarez.

La oficial examinadora de la OEG, licenciada Evelyn Almodóvar Pérez, decidió la querella mediante estipulaciones de las partes, por lo que en las vistas pautadas para entre el 9 y 16 de diciembre no hubo testimonio. Sánchez Álvarez estuvo representado por el comentarista radial Iván Rivera Reyes y compareció por videoconferencia.

Según la oficial examinadora, Sánchez Álvarez admitió los hechos básicos de la querella ética, pero disputó que la OEG pudiera procesarlo habiendo sido ya descartado un caso criminal. “Admitió que les transmitió, a los citados miembros del jurado, las preocupaciones de los superintendentes sobre la falta de publicidad, la poca participación y que los seleccionados debían cumplir con la política pública del Gobernador”, dice el informe. Reiteró que tenía “toda la autoridad en ley para transmitirles las preocupaciones y opiniones de los superintendentes incluyendo la de éstos respecto a cuáles eran su parecer los más idóneos”, añade el informe al citar los escritos de la defensa de Sánchez Álvarez, quien también esgrimió que, como ninguno de sus dos candidatos se llevó el premio, no hubo violación de ley. El funcionario también se defendió diciendo que la querella estaba sustentada en “conjeturas e inferencias producto de acciones fraudulentas y antiéticas del Lcdo. Eliezer Ramos Parés, entonces secretario del (DE) para afectarlo”.

“El querellado procuró una ventaja indebida para los candidatos mencionados, siendo esta incompatible con el servicio público y la moral. La actuación del querellado propiciaba una competencia desleal alejada de los criterios contemplados en la rúbrica de evaluación y del Plan de Trabajo para dicha iniciativa. El querellado debió abstenerse de procurar otorgar una ventaja para dos participantes por encima de los demás candidatos. Dicha actuación no era compatible con sus obligaciones como subsecretario asociado en la implementación de la política pública establecida por la agencia, la ley y la moral… No quedó duda en esta oficial examinadora que, de manera clara, robusta y convincente, el señor Sánchez Álvarez incurrió en la violación imputada”, concluyó la oficial examinadora al establecer multa de $2,500 por la intervención indebida y otros $2,500 por poner en duda la imparcialidad de la gestión pública.

Según El Nuevo Día, Sánchez Álvarez está todavía involucrado en una investigación federal criminal sobre fraude en contratos del DE.

Para leer la resolución de la OEG, pulse aquí.

Vea:

Ética se querella contra exsubsecretario de Educación y excomisioando electoral del PNP

Otra agencia y otra alegación de estar politiqueando en su puesto para Héctor Joaquín