La Oficina de Ética Gubernamental entiende que hubo un beneficio indebido para el esposo de Yanitsia Irizarry, pero la exfuncionaria no enfrenta señalamientos.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó querellas contra dos policías municipales de Aguadilla que en 2022 atendieron la escena de un accidente que involucró a la exalcaldesa novoprogresista de ese pueblo, Yanitsia Irizarry Méndez, porque no investigaron una querella de agresión en contra del esposo de esta.

Las querellas separadas son contra los oficiales Roberto Blas Soto, policía municipal desde el 1988, y Rogelio Cruz Morales, integrante desde marzo de 2020 cuando la propia Irizarry Méndez lo trajo de la guardia municipal de Barceloneta.

Según la relación de hechos, el 4 de junio de 2022, cerca de las 8:45 p.m., ocurrió un accidente en el barrio Borinquen de Aguadilla, cuando Irizarry Méndez conducía una guagua GMC Yukon e impactó la guagua Dodge Ram que conducía José Ignacio Morell Martínez, quien llevaba de pasajero a José David Lebrón Laboy.

Al momento del choque, los policías patrullaban juntos y Blas Soto recibió una llamada telefónica del sargento Eddie Viera Vargas en la que les daba cuenta del incidente, de la participación de Irizarry Méndez y que fueran a investigarlo. Viera Vargas había sido Comisionado de la Policía Municipal cuando Irizarry Méndez era alcaldesa y estaba de vacaciones cuando ocurrió el accidente.

Los policías concluyeron que la exalcaldesa era la responsable del choque. Pero, estando en la escena, Lebrón Laboy le indicó a Cruz Morales que el esposo de Irizarry Méndez, Jonathan González Flores, lo había agredido, pero ninguno de los oficiales investigó esta alegación ni la informaron al supervisor, sargento José Yulfo Ugarte, ni a la Comisionada de la Policía Municipal, Ana Ruiz Acevedo. Al momento del choque, la administración municipal está al mando de un rival político de la exalcaldesa, Julio Roldán Concepción.

Horas después del choque, Yulfo Ugarte ordenó a los oficiales a que se presentaran en la comandancia de la Policía Estatal porque los afectados habían llegado hasta allí para querellarse contra el esposo de Irizarry Méndez. Al llegar, Cruz Morales se acercó a Lebrón Laboy “de manera intimidante y amenazante y comenzó una discusión acalorada con este” que requirió la intervención del sargento “para que desistiera de continuar con dicha conducta”.

Dos días después, el oficial hizo la denuncia de agresión y alteración a la paz contra el esposo de la exalcaldesa. Pero la OEG concluyó que en su proceder “incumplió con los deberes y responsabilidades” que le impone el Reglamento de la Policía Municipal de Aguadilla y la Ley de Ética Gubernamental al usar su cargo para darle un beneficio al esposo.

“El beneficio fue no investigar las imputaciones que le informó el Sr. Lebrón Laboy contra el Sr. González Flores, para evitar la posibilidad de que se presentaran querellas en su contra”, según el documento de la OEG. También, se les imputa poner en duda “la imparcialidad e integridad de la función gubernamental” al incurrir en conflicto de interés cuando fueron a investigar un incidente que involucraba a su exjefa, al rehusarse a investigar la agresión demostrando así parcialidad para el esposo de la exalcaldesa, al obligar a las víctimas a tener que ir a la comandancia estatal para buscar canalizar su querella.

Los policías se exponen a multa de hasta $20,000 por cada violación que se les pruebe.