Los consumidores asegurados necesitan un remedio judicial por los daños y perjuicios sufridos ante el incumplimiento de contratos de las aseguradoras con los terminos de las pólizas de propiedad.

Por ello, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi Rojo, entabla una demanda de clase que anunció hoy junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos, y la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

'Los consumidores asegurados aquí representados tienen hoy una incertidumbre real sobre el termino que tienen para incoar una acción judicial contra sus aseguradoras', luego que una de estas advirtiera mediante anuncio en un rotativo de circulación nacional que se podrán presentar acciones judiciales antes del año de la perdida.

La aseguradora Mapfre creó esta confusión en cuanto a la interpretación de la cláusula de caducidad o de prescripción, susceptible este último a interrupción.

La cláusula de 'suit against us' (demanda contra nosotros) dispone entre sus requisitos que se inicie la acción judicial contra una aseguradora dentro del año de la perdida, es decir, un año desde el 20 de septiembre de 2017 cuando Puerto Rico sufrió el impacto del huracán María. 'Mediante el presente pleito se procede a satisfacer el segundo requisito a nombre de los Consumidores', apunta DACO.

'Expresiones publicadas por una de las codemandadas que ha expuesto que el termino para entablar acciones judiciales conforme a las condiciones de las pólizas personales de seguros de propiedad es uno de caducidad de un año desde que acontece el evento que motiva la apertura de la reclamación. Bajo dicho análisis, contrario al del Comisionado de Seguros, la fecha límite para entablar una acción judicial contra su asegurador para hacer valer sus derechos con arreglo a la póliza como consecuencia de los daños sufridos por el paso del huracán María vencería el 20 de septiembre de 2018, sin importar reclamaciones extrajudiciales previas, ni cuándo contestó la compañía de seguros la reclamación o cuándo resolvió e incluso si aún no ha resuelto la misma, entre otras cosas', detalla la demanda de clase.

Las aseguradoras demandadas -Mapfre Praico, Mapfre Panamerican, Universal Insurance, Multinational Insurance, Triple S Pripiedad, One Alliance Insurance, Antilles Insurance United Surety and Indemnity, QBE, Real Legacy Assurance, Integrand Assurance, Chubb Insurace, Caribbean American Property, AIG Insurance y Cooperativa Seguros Múltiples- implantaron prácticas desleales que atrasaron y dilataron la investigación, ajuste, resolución de reclamaciones y pago a los asegurados provocando daños compensables.

'Los mencionados atrasos se extendieron por periodos irrazonablemente largos y en miles de casos continúan en la actualidad. Estos atrasos se extendieron luego de haber transcurrido terminos más que adecuados para completar la investigación, adjudicación y pago de las reclamaciones de los asegurados', plantea la demanda.

El termino de 90 días dispuesto en el Código de Seguros para las aseguradoras completar su evaluación de las reclamaciones es la directriz estatutaria para cumplir con el referido proceso de evaluación. Las aseguradoras demandadas no han cumplido con dicho termino, ocasionando daños y perjuicios.

La clase o grupo de consumidores representada tiene derecho a indemnización de conformidad a los terminos de su póliza que al día de hoy no han sido compensadas totalmente.

Como remedio, la clase solicita al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la suma total de daños sufridos de acuerdo a las reclamaciones.

Lea la demanda a continuación.