El primero de mayo se abre un nuevo capítulo en la crisis fiscal que vive Puerto Rico y a la luz de las disposiciones que aplican a nuestro marco legal tras la aprobación de PROMESA. Y es que hoy en la medianoche se venció la moratoria que desde el pasado año evita demandas contra el gobierno. A partir de mañana, 2 de mayo se podrán reactivar los casos radicados en los tribunales y, además, el resto de los acreedores podrán radicar demandas de cobro por deudas del gobierno.

De no haberse logrado acuerdos con los bonistas para renegociar voluntariamente la deuda, la Junta de Control Fiscal puede intentar lograr "acuerdos de indulgencias" con algunos de los acreedores o de lo contrario comenzar el proceso para preparar la certificación de reestructuración de la deuda a través del Título III, un proceso de quiebra en el Tribunal Federal estructurado por la ley PROMESA.

"Aunque el gobierno ha intentado lograr acuerdos voluntarios con los acreedores, al parecer las negociaciones no han avanzado, por lo que se puede anticipar que se reactiven los casos en el Tribunal Federal y haya luz verde para que los acreedores que sientan que no hay ruta viable de negociación radiquen nuevos casos", explicó a Noticel el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez.

Paralelamente a la radicación de demandas, a partir del 2 de mayo, el gobierno y la junta pueden continuar conversaciones con los bonistas para lograr acuerdos consensuados e incluso, si avanzan en la negociación, PROMESA dispone que la JCF puede intentar lograr un "acuerdo de indulgencias" para extender la moratoria. Pero no aplicaría a todos los bonistas; sino a aquellos que así lo decidan. Informes de prensa indican que se ha intentado llegar a estos acuerdos con algunos de los bonistas.

Las negociaciones con los bonistas parecen no haber avanzado para lograr acuerdos mínimos. Aunque se lograron acuerdos con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), este sábado tanto los bonistas de las Obligaciones Generales (GO's) como los de COFINA que rechazaron las ofertas del gobierno, mientras que el gobernador Ricardo Rosselló no descartó acogerse a la quiebra que ofrece el Título III de la Ley Promesa.

Precisamente, ese retraso allana el camino para que se active el proceso de quiebra del Título III de PROMESA; una especie de híbrido entre las disposiciones del Capítulo 9 y las del Capítulo 11 del Código de Quiebras Federal. El viernes, la Junta de Control Fiscal aprobó una resolución a a estos efectos.

Para que se de este proceso, según la sección 206 de PROMESA, la Junta de Control Fiscal tiene que emitir una certificación de restructuración; es decir que la junta autoriza que se someta un caso de ajuste de deudas con una petición de restructuración ante la Corte Del Distrito Federal en San Juan.

Según esta sección, antes que la Junta emita una certificación de restructuración el gobierno tiene que haber cumplido con varios requisitos. Entre estos, la Junta determinará que se ha realizado esfuerzos de buena fe para llegar a un acuerdo con los acreedores y que se han adoptado los procedimientos para emitir los estados financieros auditados y toda información necesaria para que las personas de interés puedan tomar una decisión informada sobre restructuración, entre otros.

De acuerdo a Emmanuelli, la Junta tiene que certificar con una mayoría de 5 de sus 7 miembros que se cumplieron los requisitos de ley para poder radicar un caso de Título III en el Tribunal Federal. Aunque la radicación levantaría una moratoria a las demandas automáticamente; este proceso sacaría del juego al gobierno ya que, desde ese momento en adelante, la representación del territorio queda en manos de la JCF. Indicó que no solo aplicaría a las deudas con los bonistas; sino que la quiebra incluirá, además, toda deuda que tenga el territorio y sus instrumentalidades, incluyendo a suplidores y contratistas.

"Activar la quiebra que dispone PROMESA en su título III es un pandemónium ya se incluyen todos los acreedores del gobierno. Esto incluiría, además de los bonistas a todo suplidor o contratista del gobierno al que se le deba dinero. No es la panacea; pero dentro de las circunstancias es una cosa a la cual recurres porque no tienes otro remedio", aseguró el abogado.

La ley PROMESA explica paso a paso el proceso de quiebras que podría tomar hasta cuatro años en los tribunales, incluyendo el orden en que se deben pagar las deudas.

No obstante, aún queda camino por andar antes de que se determine activar esta disposición de PROMESA ya que el gobierno tiene unos requisitos que están dispuestos en la ley y parece aún no se han cumplido. Indicó que aún faltan los estados financieros auditados del gobierno. Tampoco la Junta ha nombrado el oficial de cómputos e información medulares para ese proceso.

"En realidad, el requisito de que se agotaron las negociaciones de buena fe no se ha satisfecho porque lo dejaron todo para lo último, el proceso ha sido atropellado. Pidieron a la corte un mediador y la junta nombró otro mediador. Por su naturaleza, los mediadores no se pueden imponer. Tiene que ser en acuerdo mutuo", puntualizó.