Las exenciones contributivas que el gobierno de Puerto Rico se propone ofrecer a inversionistas a traves la ley de Zonas de Oportunidad 'podrían no cumplir' con el Plan Fiscal. Los creditos contributivos de hasta 25 por ciento y exenciones en el pago de patentes municipales, fueron señalados por la Junta de Control Fiscal como 'motivo de preocupación'.

'Hay disposiciones de la ley que aparentemente la hacen inconsistente con el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico… La disposición de exención municipal podría resultar onerosa a los municipios', dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) Edward Zayas, portavoz de la Junta de Control Fiscal (JCF).

La ley de Zonas de Oportunidad fue firmada por el exgobernante Ricardo Rosselló el pasado 14 de mayo pero no ha sido puesta en vigor porque aún carece de un reglamento para su implementación. Aunque hasta ahora esta ley es prácticamente nula, en agosto el Gobierno aprobó una lista de las actividades comerciales que podrían ser reconocidas como 'Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad'.

La designación de proyectos prioritarios en Zonas de Oportunidad tambien fue cuestionada por la JCF, porque podrían confligir con la lista de 'proyectos prioritarios' para infraestructura crítica que establece el Título V de la ley PROMESA.

'Los procedimientos para la designación de proyectos prioritarios, podría incluir proyectos ya contemplados en el Plan Fiscal en lugar de limitar los beneficios a inversión nueva o incremental', señaló la JCF.

Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico no estuvo disponible durante dos días para responder las preguntas del CPI sobre las Zonas de Oportunidad. Al CPI insistir en la solicitud de información, la agencia indicó que 'al final de esta semana' enviaría un comunicado 'con información' relacionada al tema. En octubre, Laboy había dicho que entre cinco y diez proyectos habían presentado interes en los incentivos de las Zonas de Oportunidad, que uno había hecho la solicitud formal y que el reglamento estaría listo 'en las próximas semanas'.

Las Zonas de Oportunidad fueron designadas como parte de la reforma contributiva del presidente Donald Trump y ofrecen una reducción de 37.5 por ciento a 20 por ciento en la tasa contributiva federal a fondos que inviertan en 'comunidades de bajos ingresos'.

Desde que se creó esa legislación en 2018, los gobiernos de los estados y territorios entraron en competencia para atraer a los inversionistas que busquen los beneficios de las Zonas de Oportunidad creando legislación que añade exenciones a las ya otorgadas por la ley federal. Algunos estados incluyen exenciones adicionales para ser más competitivos. En el caso de Puerto Rico, la JCF resaltó que la ley local de las Zonas de Oportunidad es más amplia que otras leyes estatales de Estados Unidos. Los gobernadores de estados pueden designar como Zona de Oportunidad solo el 25 por ciento de los territorios que cualifican como áreas de bajos ingresos. En contraste, una excepción del Congreso permitió que casi el 98 por ciento de Puerto Rico fuese declarado Zona de Oportunidad.

El Departamento del Tesoro Federal estima que las exenciones de las Zonas de Oportunidad tendrán un costo de $1.6 mil millones entre 2018 y 2027. La organización sin fines de lucro Good Jobs First señala que esta ley tendrá un impacto directo negativo en las recaudaciones de impuestos a nivel estatal. Hasta el momento solo cuatro estados han estimado el costo que tendrán las Zonas de Oportunidad para sus recaudos. El gobierno de Georgia estimó el costo fiscal en $10 millones para el 2019. Maine entre $1.5 millones y $2.5 millones para el año fiscal 2020, Oregon en $10.5 millones y hasta $15.9 millones para los años fiscales del 2017 al 2021 y Wisconsin en $10 millones para el año fiscal 2019, según Good Jobs First.

El gobierno de Puerto Rico no ha estimado el costo que tendrán las exenciones que ofrecería a traves de la ley de Zonas de Oportunidad. La legislación aprobada indica que el director de la Oficina de Exención Contributiva Industrial, Javier Bayón Torres, rendirá un informe al Comite de Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad 'sobre el impacto económico y fiscal de esta ley' despues del cierre de cada año fiscal.

El Comite, adscrito a la Oficina del Gobernador, está compuesto por el Principal Oficial Financiero, Omar Marrero, quien lo preside, así como el Principal Oficial de Inversiones, el Director Ejecutivo de la Autoridad de la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal , el Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas , el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, un miembro nombrado por el Senado y un miembro nombrado por la Cámara de Representantes.

'El impacto fiscal de la Ley depende de reglamentación que aún no ha sido emitida. La Junta entiende que el incentivo se debe enfocar en inversión nueva e incremental… Los responsables de emitir los reglamentos para hacer efectivas las disposiciones de la ley son el Secretario de Desarrollo Económico y el Secretario de Hacienda (Francisco Pares); es con ellos con quienes hemos estado en comunicación desde que se sometió el proyecto de ley correspondiente', dijo el portavoz de la JCF.

'La Ley local lo que persigue es dar unos incentivos adicionales de lo que se da a nivel federal. Si se mantiene la conformidad de la Ley local a la ley federal, mantendría a Puerto Rico todavía en algún estado más competitivo versus otros estados… Si se elimina todo, definitivamente caemos en una situación donde no va a ser tan atractivo invertir aquí', dijo Giovanni Mendez, abogado contributivo de la firma Baltic Avenue Investment.

Baltic Avenue adquirió un edificio abandonado que ubica en un área designada como Zona de Oportunidad en la avenida Ponce de León en Santurce. Los inversionistas que compraron la propiedad para habilitarla como oficinas de alquiler se benefician de las exenciones de esta ley federal. Al no haber todavía un reglamento para la implementación de la ley local, no pueden solicitar aun las exenciones adicionales en Puerto Rico.

'Conozco de algunos fondos que están trabajando bajo la presunción de la ley federal, pero yo no conozco de ninguno que ya se haya beneficiado de estos incentivos adicionales (de la ley local). Así que si están proyectando alguno de estos beneficios en su cálculo y en su retorno de la inversión, pues no tienen ninguna seguridad de que vayan a tener esos beneficios y de esa forma se lo tendrían que decir a sus inversionistas. Porque al no haber reglamento, yo no tengo conocimiento de que alguien haya podido generar alguno de esos creditos hasta este momento', dijo Mendez.

'Ese proyecto (de la Ponde de León) se comenzó antes de toda la ley local y eso fue algo que se le explicó a los inversionistas, fue un 'challenge' al momento de levantar los fondos porque se le tiene que decir 'mira sobre estos beneficios no se sabe'. En ese momento la ley no estaba aprobada y uno le hablaba de algo que estaba en el tintero. Hay inversionistas que deciden continuar y hay otros que no y prefieren irse a otro estado por el tema de la competitividad', añadió Mendez.

Mientras los inversionistas esperan a que se publique el reglamento para aplicar la ley local de Zonas de Oportunidad, ya hay firmas de inversión que han comenzado a comprar propiedades con el beneficio de las exenciones federales. Ese es el caso de la empresa de bienes raíces Lifeafar, quienes adquirieron un edificio en la calle San Francisco del Viejo San Juan para convertirlo en un 'hotel boutique' que además tendrá cuartos de alquiler bajo la plataforma de arrendamiento digital Airbnb. Desde que Lifeafar adquirió esa propiedad frente la Plaza Colón del Viejo San Juan en mayo, un Food Court y bar que operaba en la primera planta del edificio permanece cerrado.

El 10 de diciembre Lifeafar envió una notificación a sus inversionistas en donde les indican que la empresa tiene un nuevo proyecto para revisión e inversión en un 'hotel de renombre con vista al mar que será una Zona de Oportunidad'. En la comunicación, Robbie Chaudhri, del equipo de inversión de Lifeafar, dice que el proyecto es confidencial y le pide a los interesados que firmen un acuerdo de no divulgación para recibir información sobre el mismo.

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