El plan fiscal de la Corporación de Seguro y Supervisión de Cooperativas (Cossec) presenta un cuadro en el que unas 20 cooperativas van a tener que ser liquidadas o recibir inyección de capital para poder seguir operando debido al efecto que tendrá en ellas el impago y la reestructuración de los bonos del Gobierno, principalmente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de Obligaciones Generales (GO's).

El panorama para el resto del sector cooperativista es alentador y demuestra capacidad para aguantar 'shocks' al sistema financiero, según el borrador del documento en poder de NotiCel. Pero la realidad es que el plan fiscal examinado coloca el peor escenario en 75% de pérdidas mientras que el punto de partida del Plan Fiscal certificado para la negociación de deuda es de solo 23% de repago por lo que el espacio de flexibilidad es limitado. 'Las medidas sugeridas por la Junta de Supervisión Fiscal reflejan poca flexibilidad a la hora de una negociación', consigna el documento.

'De las 117 cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, 86 fueron identificadas como saludables y de riesgo limitado al sistema a 30 de junio de 2016', indica el documento. De las 31 restantes, salen nueve 'candidatas para una liquidación a corto plazo' y 11 'identificadas como candidatas para asistencia en la forma de una infusión de capital'.

Desde al menos el 2009, la solidez del sector cooperativista quedó críticamente comprometido con la salud de las finanzas públicas ya que, en una movida de la Administración Fortuño, ese año se emitió la Carta Circular 09-03 de Cossec autorizando a las cooperativas a invertir en bonos del gobierno 'exaltando sus beneficios contributivos, liquidez, historial de pago y para muchos, la garantía de las obligaciones generales que acompañaban a los bonos'.

'Varias cooperativas sienten que fueron presionadas a comprar estos bonos por el ELA y que el ELA está obligado a atender este asunto', dice el borrador en referencia a ese esfuerzo de venta que, en gran medida, fue ejecutado por la casa de inversiones UBS, en donde el hermano del gobernador Fortuño fungía como ejecutivo. Estos bonos acabaron constituyendo el 65% de la cartera de inversión de las cooperativas.

Los bonos, como se sabe, se han desplomado en valor y han sido objeto de impago bajo la Administración García Padilla que, en enero de 2016, le tiró un salvavidas con la Ley 220 que le permite reflejar la inversión de bonos con su valor de compra en vez de con su valor perdido durante los próximos 15 años por lo que, por lo menos en papeles, todavía la pérdida de valor no los ha impactado.

El cuadro real, según el borrador del plan fiscal, es que los $1,021 millones que las cooperativas invirtieron en bonos públicos, vale ahora solo $398 millones (según valores de agosto de 2016) para una reducción en valor de 61%.

Los peritos consultados para el plan fiscal de Cossec entienden que otra medida de la Administración García Padilla, el Programa de Intercambio de Bonos Capitalizados, no es necesaria e, incluso, puede ser perjudicial porque beneficiaría a las cooperativas que no necesitan asistencia financiera y dejaría sin ayuda adecuada a las que sí la necesitan.

Las propuestas son la consolidación de cooperativas, una separación de las funciones de supervisor y regulador de Cossec con la creación de una entidad separada, diferir la pérdida ocasionada por el menoscabo de los bonos y establecer un Programa de Liquidez Cooperativo.