Este sábado, 1 de julio, vence un pago de $455 millones de la deuda de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) a la vez que la Junta de Control Fiscal (JCF) volvió a sentar a los acreedores en la mesa de negociación luego de rechazar el acuerdo inicial de reestructuración (RSA por sus siglas en ingles). De no lograr la indulgencia de este pago, la corporación pública quedaría sin liquidez.

Además de la indulgencia necesaria que está en la mirilla, la Junta propone modificar el RSA para que tanto bonistas como prestamistas de líneas de combustible acepten un recorte de 15 por ciento de la deuda; que el cargo de transición sea escalonado en un periodo de 40 años; se maneje la deuda con un plan ‘híbrido’ que permita llevar a quiebra otras obligaciones que no tengan que ver con emisión de bonos, y que se deje la puerta amplia para la privatización.

‘La JCF busca negociar una indulgencia de ese pago con los bonistas porque si tiene que sacar los $455 millones el 1ro de julio, la AEE se queda sin liquidez para continuar operando’, sostuvo una fuente allegada a la destituida Junta de Gobierno de la AEE, luego que el pasado fin de semana el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmara un proyecto de ley que le permitió renovar el organismo.

El jueves, la Junta publicó un documento con recomendaciones para modificar el RSA y aunque el exrepresentante del consumidor en la Junta de la AEE, Ramón Rosario, aplaudió la iniciativa también opinó que la deuda de $9,000 millones de la corporación pública debe recortarse a la mitad.

‘Por primera vez tenemos una herramienta, un arma sobre la mesa, que es el Título III (de la Ley PROMESA). El gobierno debe sentarse y someter la quiebra para decirle a los bonistas o te sientas en esta mesa o declaro la AEE en quiebra y en Tribunal esa reducción de deuda será mucho mayor, que hoy debe ser el 50%’, señaló Rosario.

No obstante, los términos propuestos para el acuerdo ‘híbrido’ en el manejo de las deudas es contraproducente para los intereses del país. De igual modo, el recorte propuesto para los acreedores es sumamente lucrativo en comparación con recortes propuestos en otras renegociaciones de deuda pública. Rosario puntualizó que el recorte nunca debió ser menor de un 30% de la deuda la corporación pública. Sin embargo, la AEE perdió su capacidad de negociar con la invalidación del Tribunal Supremo de la llamada Ley de ‘quiebra criolla’.

‘La nueva administración busca la posposición del pago del 1ro de julio, pero en síntesis los cambios son menores. Es una validación de un acuerdo malo’, por lo que para Rosario, la Junta Fiscal parece tener mayor sensatez que el gobierno al rechazar el acuerdo y continuar negociando.

Rosario criticó el cargo de transición para el pago de la deuda porque puede ser menor a los tres centavos si se logra un recorte mayor. Insistió que la AEE debe buscar alternativas por el efecto multiplicador de costos para la ciudadanía y el desarrollo económico del país al encarecer el servicio de electricidad.

El Gobierno central y la Legislatura dejó a su suerte a la AEE durante sus negociaciones en el marco de una intensa campaña que la demonizó, provocando que se triplicaran los costos de adquisición de combustible luego que tanto bonistas como suplidores ‘se envalentonaron’ para establecer unilateralmente las reglas de juego, recordó Rosario.

‘Los bonistas se pusieron golosos con la invalidación de la quiebra criolla y el gobierno dejó sola a la AEE tras la campaña para aprobar la llamada reforma de la AEE y los políticos le cogieron miedo al bulto y no protegieron a su corporación que es un activo del pueblo. Los suplidores decían ‘me tienes que pagar lo que a mí me de la gana porque nadie te va a vender’. En medio de esa campaña el costo del diferencial, por ejemplo, aumentó de $3.50 a $9.50′, abundó.

En ese momento todos los suplidores se retiraron, ya que nadie quería hacer negocios con la AEE. Como consecuencia, quienes se sentaban a negociar lo hacían exigiendo más dinero por el combustible. Mientras el petróleo bajaba, la corporación pública siguió pagando más, por lo que Rosario no tiene dudas que la campaña estuvo motivada a privatizar la corporación.