Durante esta mañana, la Junta de Control Fiscal --ente habilitado por la Ley PROMESA-- se dispone a discutir en su novena reunión el plan fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), la reforma de pensiones y las medidas de ajustes en el gobierno, entre las que incluyen una posible reducción a la jornada laboral y a los bonos navideños, entre otros asuntos.

Tal como adelantó NotiCel en marzo, el plan fiscal de COSSEC presenta el caso de unas 20 cooperativas en peligro de ser liquidadas o en necesidad de recibir inyección de capital para continuar operaciones. Esto, debido al efecto del impago y la reestructuración de los bonos del Gobierno, principalmente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de Obligaciones Generales (GO's).

'De las 117 cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, 86 fueron identificadas como saludables y de riesgo limitado al sistema a 30 de junio de 2016', según el plan fiscal. De las 31 restantes, nueve son 'candidatas para una liquidación a corto plazo' y 11 son identificadas como 'candidatas para asistencia en la forma de una infusión de capital'.

Ante este panorama, y en su escueto primer informe al Congreso de los Estados Unidos, la Junta pidió que se proveyera a COSSEC asistencia técnica de la Asociación Nacional de Credit Union 'para fortalecer las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico'.

De acuerdo a los datos de COSSEC, hasta marzo del año en curso, las cooperativas de Puerto Rico contaban con sobre $8,569,822,814 en activos, 983,186 socios y 3,003 empleados activos distribuidos alrededor de la Isla.

Por otro lado, en el informe al Congreso la Junta también recomendó la concesión de 'excepciones a Puerto Rico para convertir el financiamiento de ayudas SNAP, TANF, y Sección 8 de vivienda a un Crédito por Ingreso Devengado (EITC) para incentivar más la participación laboral, a la vez que se mantiene una red de seguridad responsable para niños, personas con impedimentos y las personas de edad avanzada'.

Es decir, los beneficiarios de estas ayudas tendrían que estar activos en la economía formal para recibir parte o la totalidad de los beneficios que ahora reciben sin trabajar o siendo empleados de la economía informal.

Esta recomendación provocó el disgusto de muchos, especialmente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), organización que expresó preocupación por la amenaza de reducciones en los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

'Este no es un programa exclusivamente de beneficencia social sino que se trata de un programa de desarrollo económico porque su concepción se debió al deseo de fomentar la compra de productos agrícolas.Es decir, fomenta la producción', expresó MIDA.

De la misma manera, el grupo reconoció que este tipo de subsidios puede fomentar el trabajo, sin embargo, a su entender no se debe perder de vista que también ayudan a mantener los precios bajos para el resto de la población porque generan mayor volumen, lo que a su vez genera empleos en toda la cadena de distribución de alimentos en la Isla.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, la Junta incluyó dentro del presupuesto las condiciones para ejecutarla, con el fin de garantizar el cumplimiento de medidas de liquidez y ahorro.

No obstante, ayer, jueves, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares fue categórico en contra de su implementación. Incluso, mencionó tres razones para rechazarla:

Por virtud de la Ley PROMESA, el Primer Ejecutivo entiende que la Junta no puede implementarla en contra de los deseos del gobernador de Puerto Rico.

En términos económicos, Puerto Rico ha superado las expectativas predispuestas en el Plan Fiscal, por lo que no habría necesidad alguna de reducir la jornada laboral.

Imponer una medida como esa impactaría de forma negativa la economía de la Isla y, tanto el gobierno como la Ley PROMESA buscan lograr lo contrario.

Según sus datos, Puerto Rico cumple con liquidez suficiente para evitar la implementación del recorte a la jornada laboral. Llevarla a cabo, explicó, tendría un impacto negativo de $600 millones en un plazo de dos años.

La reunión de la Junta de Control Fiscal está pautada para las 8:30 am en el Hotel Conquistador, en Fajardo.

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