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Junta Fiscal

Junta transó demanda de $22.8 millones contra Microsoft por $2 millones

La demanda era una de decenas que el ente fiscal sometió contra suplidores del gobierno buscando recobros por pagos que el gobierno hizo cerca de la radicación de la quiebra y que se entienden serían fraudulentos.

La empresa Microsoft, el principal suplidor de servicios de tecnología para el Gobierno de Puerto Rico, transó por $2 millones una demanda que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le sometió reclamando el pago de $22.8 millones, como parte de las decenas de reclamaciones que han presentado a suplidores para recobrar dinero.

La acción es una de las dirigidas a algunos suplidores del gobierno y generadas por la JSF a través del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados en conjunto con el Comité de Reclamaciones Especiales. El propósito es recobrar la mayor cantidad posible de pagos que el gobierno hizo a suplidores durante los cuatro años previos a la radicación de solicitud de quiebra del gobierno el 3 de mayo de 2017.

Los fundamentos que se alegan al tribunal para lograr la recuperación del dinero son varios, pero principalmente que en el periodo especificado ya el gobierno estaba teniendo problemas para cumplir con sus responsabilidades, por los que no debió incurrir en más compromisos financieros. También se alega que pudieron ocurrir pagos que no estaban respaldados por un contrato o que se hicieron sin recibir bienes o servicios a cambio.

"Las transferencias (a los suplidores) fueron desembolsos de fondos públicos no autorizados por la ley... siendo fondos públicos desembolsados ilegalmente, pueden ser recuperados", indica la demanda que se le presentó a Microsoft en mayo de 2019 utilizando lenguaje similar al de otras reclamaciones sometidas contra, entre otros, Evertec, Inc., Fast Enterprises LLC (operador de las lanchas a las islas municipio), Manpower (suplidor de la mayoría de la fuerza laboral del Departamento de Salud), St. James Security Services, Inc., Truenorth y APEX General Contractors, la empresa involucrada en la compra fallida de $38 millones en pruebas diagnósticas de COVID-19.

El arreglo con Microsoft ocurre después de que la propia JSF, a través de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, llegó a calificar la relación entre el Gobierno de Puerto Rico y la empresa como una de "falta de controles" que había generado un "historial problemático". Específicamente, en referencia a un contrato que la empresa mantiene con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) desde 2018 para proveer licencias y que, en vez de abrirse a competencia, se ha ido enmendando paulatinamente.

En cartas entre la JSF, OGP y el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), se admite que el gobierno no tiene un registro actualizado de licencias activadas para evaluar el uso y que, cuando el contrato se cambió para que los servicios fueran a base de su producto Azure Cloud Services, se impuso una fórmula que no provocaba ahorros sino que provocaba más gastos que los presupuestados. Cuando PRITS hizo una verificación del uso de licencias en 19 agencias a fines de 2020, encontró que los costos en exceso de $4.9 millones que había proyectado OGP, se reducían a solo $28,000.

Además, los servicios y productos de Microsoft al gobierno están al centro de quejas de profesores y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico cuando la institución cambió su plataforma institucional de Google a Microsoft, en la falla de divulgación de datos que ocurrió en la Comisión Estatal de Elecciones la noche de las Elecciones Generales de 2020 así como 'hackeos' o brechas de seguridad en los departamentos de Hacienda, la Familia y en el Cuerpo de Bomberos.

La transacción con Microsoft fue notificada a la jueza Laura Taylor Swain el 15 de octubre pasado, consignando que de los $22,832,431 que se buscaba recobrar por pagos contabilizados desde 2013, la reclamación cerraría con un pago de $2 millones por parte de la empresa.

Según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, el gobierno ha extendido al menos $384 millones en contratos a Microsoft desde 2008. Esa cantidad no incluye los beneficios que también recibe la empresa por contratos a otros proveedores de servicios tecnológicos que son sus agentes autorizados, por lo que, parte del valor de esos trabajos también pasa a Microsoft cuando estos agentes la subcontratan.

El documento radicado ante la jueza Swain no divulga razones para entrar en la transacción, pero la misma se registró casi un mes después de que Microsoft anunció que cerrará su fábrica en Humacao en 2024, dejando sin empleo a unas 78 personas.

La Administración Pierluisi indicó que la movida respondía a un cambio de enfoque de la empresa, para concentrarse más en sus líneas de negocio relacionadas con la computación en la nube ("cloud computing") y menos en la manufactura de programas en discos compactos, que es lo que venían realizando en Humacao desde 1989.

La salida supone un impacto al fisco debido a que Microsoft pagaba unos $300 millones anuales bajo el beneficio del impuesto reducido de 4% a las empresas foráneas que operan en la isla.

Pero los $300 millones que la empresa dejaba en impuestos están abiertamente impugnados como un esquema de evasión contributiva desde hace varios años, pero particularmente desde enero de 2020, cuando un juez federal de Seattle ordenó a la empresa entregarle al Servicio de Rentas Internas federal (IRS en inglés) documentos sobre sus operaciones de Puerto Rico como parte de una auditoría masiva en la que se embarcó el IRS. La auditoría está motivada por observaciones que el Congreso ha realizado hace casi 10 años de que la fábrica de Humacao le sirve a Microsoft para pasar miles de millones de dólares en ingresos del resto del mundo y así aprovechar el tratamiento contributivo favorecedor.

No hay un cálculo oficial del gobierno federal, pero estimados publicados por economistas elevan a $61,000 millones los impuestos que Microsoft pudo haber dejado de pagar mediante el esquema contable que el juez Ricardo S. Martínez describió como un "paraíso fiscal" cuando ordenó la entrega de documentos. A este momento, no se conoce del status de la auditoría del IRS.

Vea:

Puerto Rico en medio de una pelea titánica entre Microsoft y el IRS

Periodista y abogado con 25 años de experiencia. Cofundador, o miembro de los equipos fundadores, de NotiCel, el Centro de Periodismo Investigativo, Red 96, Primera Hora y El Nuevo Día Interactivo.