Un informe de la General Accountability Office (GAO) del gobierno federal sobre los factores que contribuyeron a la deuda de Puerto Rico recomendó que se le eliminen las exenciones contributivas que tiene la deuda de la Isla para que no sea tan atractiva a los bonistas.

La recomendación tuvo la 'fuerte oposición' del Gobierno de Puerto Rico que, en vez, recomendó que GAO considere otras medidas de ayuda fiscal y que empuje a la resolución del problema del status político hacia la opción de la estadidad como 'la mejor respuesta posible y el mejor camino adelante' en el problema de las condiciones que provocaron la deuda.

Carlos Mercader, director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, fue quien suscribió la respuesta del gobierno que no fue del todo satisfactoria para el GAO ya que consignaron que la Oficina de Gerencia y Presupuesto no entregó toda la información que le pidieron y que se quedaron esperando por un informe sobre 'el progreso alcanzado' en el manejo de las conductas gubernamentales históricas que identificaron como causantes de la crisis.

El análisis del GAO, aunque en lenguaje frío y clínico, plantea el siguiente bosquejo: los problemas de la deuda de Puerto Rico fueron resultado de un gobierno local incapaz de ser responsables con las finanzas públicas y de un mercado de bonistas que, a fuerza de que los bonos son triplemente exentos de contribuciones (local, estatal y federal) y a sabiendas de que no había suficiente información para conocer la salud financiera real de la Isla, siguieron comprando deuda como si se fuera a acabar el mundo.

El informe no adjudica responsabilidad por nombre pero, en su análisis, el año 2009 -primer año de la Administración Fortuño-, como el punto en que más cortas se quedaron las proyecciones de ingreso del gobierno y más se pasaron en los gastos autorizados.

En otro asunto que compete al exgobernador Luis Fortuño, el informe recomienda que el gobierno federal sujete a las compañías de inversiones a las mismas reglas a las que están sometidas las firmas de inversión de Estados Unidos, algo que Fortuño ha combatido como cabildero.

Otra vez sin mencionar nombres, el documento detalla que someter a las firmas locales a la misma vara evitaría esquemas como los que ejecutó UBS en la isla, en el cual una de sus divisiones ejecutaba la emisión de la deuda pública y otra de sus divisiones la compraba para manejarla en fondos de inversión para sus clientes, 'lo cual puede resultar en que las compañías de inversión no actuen en el mejor interes de sus clientes'.

De hecho, otra de las recomendaciones podría impactar a todos los estados y entidades gubernamentales que emiten deuda pública (municipal debt) porque el GAO está planteando que, como mercado, toda esa deuda está debilmente regulada, de manera que no se pueden evitar problemas que tuvo la deuda de la Isla como la falta de información actualizada y veraz sobre la salud financiera del gobierno. GAO reconoce que una forma de implantar este cambio sin afectar a otras jurisdicciones es que las nuevas regulaciones de divulgación se impongan de acuerdo al tamaño de la deuda.

A la vez, esa falta de transparencia, y el hecho de que Puerto Rico no tenía la protección de quiebras hasta que llegó PROMESA, son dos elementos que para el GAO aceleraron la venta de deuda de la Isla. En otras palabras, los bonistas compraron la deuda de Puerto Rico voluntariamente a ciegas pero con el incentivo de que el pago estaba asegurado de una forma u otra porque la Isla no podría tirar su deuda a quiebra. Esto cambió con la ley PROMESA.

En cuanto al incentivo que significa el que la deuda este triplemente exenta, GAO recomienda eliminar la exención aunque reconoce que eso hará más difícil que la Isla consiga dinero prestado. Admiten que una forma atenuada de modificar esto sea que la exención se mantenga para deuda de mejoras capitales, pero que se elimine para deuda que va a pagar gastos operacionales. Esto, ante la oposición del Tesoro federal, que señaló que eliminar la exención causaría que los bonistas de la deuda de Puerto Rico se concentren entre los residentes de la Isla causando una alarmante concentración de riesgo - perdida en el territorio.

'Al repasar, 20 de las emisiones de bonos más grandes de Puerto Rico entre 2000 y 2017, con un total de unos $31,000 millones, encontramos que 16 fueron emitidas exclusivamente para repagar o refinanciar deuda previa y para financiar operaciones', consigna el informe en una de sus críticas.

El informe identifica tres causas para el problema de la deuda:

'Las prácticas inadecuadas de supervisión y gerencia financiera' del Gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, sobreestimar ingresos para poder gastar más.

'Decisiones de política pública del Gobierno de Puerto Rico', como tomar prestado para balancear presupuestos y no atender el financiamiento de las pensiones.

'La prolongada contracción económica de Puerto Rico'.

Tambien, consignaron tres recomendaciones de política pública para el Congreso:

'Modificar la condición de exención contributiva de la deuda de Puerto Rico' para que paguen impuestos estatales y locales aunque reducir la demanda por esa deuda pueda dificultar que Puerto Rico tome prestado.

'Aplicar a Puerto Rico leyes federales de protección de inversionistas', de forma que las firmas de inversión tengan que divulgar riesgos asociados a la deuda de Puerto Rico.

'Modificar la autoridad de la Securities and Exchange Commission's (SEC) sobre los requisitos de divulgación de la deuda municipal', de manera que mejore la realización de estados financieros auditados que, en el caso de la Isla, están atrasados tres años.

El informe está dirigido a la senadora Lisa Murkowski y el representante Rob Bishop quienes, desde sus respectivos cuerpos legislativos, son los que manejan el tema de Puerto Rico en el Congreso. La ley PROMESA mandataba la realización de este informe para el cual el GAO asegura que entrevistó a 13 exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico que sirvieron entre 1997 y 2016, así como otros expertos sobre temas de Puerto Rico y otros funcionarios federales.

Para acceder al informe, pulse aquí: