JCF y Legislatura en medio de nueva pugna por el presupuesto
El Senador del PIP reta a la Legislatura a frenar los desembolsos a la Junta si optan por mermar fondos de agencias.
La Junta de Control Fiscal (JCF) y el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez protagonizan una disyuntiva pública que tiene como base un asunto de suma importancia para el país: el presupuesto general.
Ayer, Dalmau Ramírez denunció que el organismo fiscal creado bajo legislación federal impulsa medidas presupuestarias que tienen como base la reducción de nómina en el Gobierno de Puerto Rico.
La JCF ripostó unas horas después, argumentando que no contemplan despidos, sino que exigen "una transformación en todas las áreas de servicio público" que en muchos casos implica menos dinero asignado a agencias.
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"Dentro de ese contexto, el gobierno tiene que ser capaz de identificar cuáles son esas áreas, que requieren la mayor cantidad recursos y actuar sobre ello para servirle mejor al pueblo de PR", expuso el ente creado por la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
Pese a esas afirmaciones, el Senador expone que en efecto, el recorte a varias agencias tendrá como consecuencia el despido o la merma en jornada para los empleados públicos. Esa posibilidad llega en medio de la pandemia por coronavirus, que ya ha provocado grietas en la ya maltrecha economía puertorriqueña.
Según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a la fecha, 151,505 personas han reclamado el beneficio de desempleo. La data ofrecida por esa agencia hace referencia a los empleos que se mantienen en la cuerda floja luego de que la pandemia, provocara una Orden Ejecutiva que dio paso al cierre de la mayoría de los comercios, a excepción de los catalogados como "esenciales".
A poco más de dos meses de ese cierre, gran parte del comercio sigue cerrado, principalmente, debido a que la actual administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) no ha identificado un mecanismo de rastreo adecuado en los casos positivos del virus, que según confirmó el Departamento de Salud (DS) la mañana de hoy, suman poco más de 2,900.
En ese momento operan los supermercados, algunos establecimientos de comida rápida y negocios como lavanderías, la industria de la construcción, entre otros. No obstante, se espera que en la tarde de hoy, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anuncie la reapertura de otra gama del comercio local.
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El cierre del comercio afecta directamente los ingresos gubernamentales, lo que a su vez tendría repercusiones en el presupuesto general que baraja la Junta Fiscal pero que debe ser aprobado por la Legislatura.
La JCF sostiene que trabaja en otro documento que desglose la realidad fiscal que vive la isla en medio de la pandemia. Sin embargo, desde el 2018, y pese a lo cercano del paso de los huracanes Irma y María, que provocaron una ola de migración y el colapso de muchas industrias en la isla, el organismo continuó adelante con el recorte económico en ciertas agencias. Aunque hay que señalar que modificó en varias ocasiones el presupuesto que se contemplaba.
El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), entre otras agencias, vieron su presupuesto mermado.
Un recorte adicional a estas u otras agencias, podría provocar que irremediablemente los empleados públicos vean mermada su jornada laboral, una idea que no es ajena a esa organismo, pues en el 2017 hasta certificaron un plan que establecía una reducción de jornada para los empleados públicos si el Gobierno no cumplía con una serie de reducciones fiscales solicitadas.
En ese momento, la medida se encontró con oposición del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y de la Legislatura.
Ahora, la propuesta, al menos de Dalmau Ramírez, es nuevamente hacer frente a la JCF. Esta vez, retomando una medida suya radicada el pasado año, que propone frenar los fondos que el Gobierno de Puerto Rico destina a ese organismo. La Ley PROMESA establece que es Puerto Rico quien debe pagar la Junta, cuyos siete miembros no reciben compensación, pero sí reembolso de gastos en viajes, hospedaje y otras particularidades.