Optan por el silencio…En medio de los preparativos finales de la consulta de estatus y luego de convertir en Ley el plan Tennessee boricua, funcionarios de la administración Rosselló mantuvieron silencio cuando se les preguntó si han sometido ante la Junta de Control Fiscal la certificación del impacto fiscal del plebiscito y la de la llamada Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, como requiere PROMESA.

Aunque la ley que viabiliza el plebiscito del domingo se aprobó en febrero, ni La Fortaleza ni varias agencias relacionadas al manejo fiscal contestaron llamadas de NotiCel para confirmar que el costo de sobre $7 millones de la consulta fue aprobado por el organismo rector. Tampoco la Junta de Control Fiscal.

'No tenemos comentarios sobre estos temas', dijo a NotiCel el portavoz de la Junta Fiscal, José Luis Cedeño. Optó por el silencio cuando se le preguntó si no se supone que la Junta apruebe toda legislación que tenga impacto fiscal.

El pasado lunes, el gobernador convirtió en ley el llamado Plan Tennesse, que sirve de complemento del plebiscito de este domingo al crear una comisión compuesta por siete cabilderos a cargo de promover el resultado de la consulta.

Rosselló tampoco ofreció un estimado del costo de la comisión, a quienes se les pagará una dieta y se le reembolsarán sus gastos.

La sección 204 de PROMESA, establece que, en cualquier año fiscal en que la Junta esté operando, y en término no mayor de siete días desde que el gobierno apruebe cualquier ley, esta deberá someterse ante la Junta.

Con cada ley, se deberá incluir un estimado de impacto -si alguno- en los ingresos y gastos del gobierno; así como una certificación de si es congruente con el plan fiscal.

Este estimado debe ser preparado por una entidad gubernamental con pericia en presupuestos y administración financiera. Varias agencias, incluyendo La Fortaleza parecieron pasarse la papa caliente optando por el silencio sobre si se había sometido el documento para la debida certificación de gastos.

El Departamento de Hacienda no contestó la solicitud de información. Solo la Oficina de Gerencia y Presupuesto dirigió la petición a la Autoridad de Asesoría Fiscal y Financiera (AFAAF) como la agencia que debería tener los detalles. No hubo respuestas ni de AFAAF ni la oficina de prensa de La Fortaleza.

La consulta de estatus ha estado rodeada de múltiples controversias, entre otras, si es pertinente el gasto de $7.8 millones que tendrá que desembolsar el gobierno para llevar a cabo la votación en momentos de crisis fiscal.

El viernes trascendió que el gobernador Ricardo Rosselló rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de EEUU de aplazar el plebiscito para evaluar la papeleta y determinar si cumple o no con los requisitos de la legislación federal. De haber cumplido, el gobierno federal hubiese asignado $2.5 millones.