Al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, le preocupa que la negativa del Senado sobre derogar la Ley 80, la cual aborda el despido injustificado, envíe el mensaje incorrecto a Washington y redunde en que los altos oficiales a nivel federal amplíen los poderes de la Junta de Control Fiscal (JCF).

A su juicio, en Estados Unidos pueden enmendar la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles) como respuesta al 'inmovilismo' y al ambiente de 'obstaculizar' las 'decisiones de adultos'.

Ese fue el mensaje que llevó el Primer Ejecutivo a su arribo al Capitolio para el caucus convocado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para dirimir la disputa entre los cuerpos legislativos locales sobre el proyecto de ley.

'Si lo que se denota es que aquí hay un ambiente de inmovilismo y de obstaculizar, pues eso no quita el diálogo. Al contrario, aumenta el diálogo en la esfera de diálogo de que se enmiende PROMESA, se puedan adjudicar algunos poderes', exclamó Rosselló Nevares frente al Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio.

Hasta el momento, la percepción general raya en que el Senado no contaba con los votos necesarios para darle paso a las enmiendas de la Cámara de Representantes al Proyecto 1011.

El consenso podría alcanzarse mediante un comite de conferencia o al concurrir con los cambios de la cámara baja. De lo contrario, tendrían que rechazarlas y no darle paso al proyecto.

El Primer Ejecutivo llegó a la Casa de las Leyes flanqueado por los alcaldes de Arecibo, Moca, Cataño, Bayamón y Naguabo, además de miembros de gabinete --como el Secretario de Estado, el Secretario del Departamento del Trabajo, el Representante ante la JCF y el Director de la Compañía de Comercio y Exportación-- y legisladores de la Cámara de Representantes.

Aunque afirmó que batallaría la autoridad añadida de la JCF en los tribunales, insistió en la derogación de la Ley 80 como la opción más viable en terminos de costos y la acción que honraría el acuerdo alcanzado entre ambos a finales del mes de mayo.

El pacto, entre otros puntos, propone salvar el bono de Navidad y evitar una reducción adicional a los días de enfermedad y vacaciones a los empleados de empresa privada a cambio de la eliminación de la Ley 80.

'Lo que van a decir es que 'mira, aún ante este acuerdo donde la gran mayoría de las cosas redunda en ganancias para el pueblo de Puerto Rico y una de las cosas que se concedió sobre 15 ó 16 que inicialmente estaban en el plato, y no pueden tomar acción', es un argumento que estarían llevando allá a Washington y eso añade aún más incertidumbre a todo este proceso', aseguró Rosselló Nevares.

En ese aspecto, y ante preguntas de la prensa, el gobernador fue tajante al decir que el bono de Navidad para el sector público 'se va automáticamente'.

La reunión estaba pautada para las dos de la tarde, no obstante, el gobernador y sus acompañantes entraron al salón a eso de las 2:50 p.m. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Mendez Núñez, entró al cónclave a las 3:20 p.m.