Los presidentes legislativos demandaron hoy a la Junta de Control Fiscal (JCF) con el propósito de que la corte declare que el ente sobrepasó los poderes otorgados por PROMESA y usurpó ilegalmente el poder de la Asamblea Legislativa al implementar su presupuesto y hacer recortes en el gobierno central porque no se derogó la Ley 80 de despido injustificado.

Asimismo, solicitan al Tribunal Federal un interdicto para que no se implemente el presupuesto de la Junta y sí el que la Legislatura aprobó el 30 de junio pasado que fue firmado por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez. El presupuesto de la Junta, que es de $8,757 millones, es mayor por casi $40 millones, al aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes que es de $8,708 millones.

Ambos líderes legislativos, Thomas Rivera Schatz en el Senado y Carlos 'Johnny' Mendez Núñez en la Cámara de Representantes, anunciaron la radicación con expresiones escritas en las justifican la decisión como una defensa del gobierno de Puerto Rico electo democráticamente ante el poder 'colonial' e 'imperial' que representa al JCF.

El Congreso no le otorgó a la JCF 'el poder de suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos de Puerto Rico al igual que a las personas designadas en el ejercicio de sus funciones gerenciales, siempre que la JSF considere que tal cambio es conveniente', indicaron.

La demanda pide a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain ocho acciones:

Declarar que la JCF no tenía autoridad para condicionar la aprobación del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico a que la Legislatura derogara la Ley 80.

Declarar que las recomendaciones de política pública del Plan Fiscal no son obligatorias y que la JCF no puede tomar ningún tipo de acción para obligar su ejecución.

Declarar que la JCF se excedió en sus poderes estatutarios cuando forzó a la Legislatura a 'adelantar su agenda' y al 'castigar' al gobierno mediante no certificar el presupuesto que se había aprobado en el foro legislativo.

Declarar que el presupuesto 2018-2019 que impuso la JCF es nulo.

Declarar que el presupuesto 2018-2019 aprobado por la Legislatura sea reinstalado.

Evitar que la JCF implemente el presupuesto que impuso.

Ordenar a la JCF a certificar el presupuesto aprobado por la Legislatura.

Cualquier otra orden que sea necesaria.

Los argumentos legales de la demanda para estas peticiones son:

La Ley PROMESA que creó a la JCF no despojó a la Legislatura de sus poderes constitucionales.

Las acciones de la JCF posteriores a la actuación de la Ley 80 son una 'usurpación' de los poderes de la Asamblea Legislativa.

Las acciones de la JCF son un esfuerzo ilegal para suplantar a los líderes electos del Gobierno de Puerto Rico.

La demanda recuerda que el Senado radicó y consideró, por petición de la JCF un proyecto para derogar la Ley 80, el cual siguió el proceso legislativo ordinario, incluyendo enmiendas del Senado y enmiendas de la Cámara con las que el Senado no estuvo de acuerdo, causando la muerte de la medida.

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