El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, remitió una comunicación en la que le indica a la Junta de Control Fiscal (JCF), ente rector de las finanzas públicas del país, que la reducción de jornada laboral que proponen 'no es necesaria'.

Este enunciado del Primer Ejecutivo del país se da luego de que la JCF certificara un plan que establece una reducción de jornada para los empleados públicos de la isla a partir de septiembre, esto, si el Gobierno no cumple con las reducciones fiscales solicitadas por el ente creado bajo la Ley Promesa.

Sobre este particular, Rosselló Nevares estableció que dar paso a la reducción de jornada laboral afectaría severamente todos los sectores del país.

'La propuesta de la Junta de Control Fiscal de reducción de la jornada laboral no es necesaria y su efecto en la economía provocaría graves daños a todos los sectores del comercio, la banca, industrias y la sociedad en Puerto Rico. Esa es la razón para oponernos firmemente a esa medida y por lo que hemos identificado otras medidas fiscales que no afecten a los más vulnerables', expresó el Primer Ejecutivo en declaraciones escritas.

En ese sentido, Rosselló Nevares sostiene que la reducción propuesta implicaría, específicamente,un decrecimiento en la economía $500 millones.

Asimismo, el Gobernador lanzó cifras de lo que representaría la reducción de jornada en un empleado común del Gobierno.

' [U]n empleado que tiene un salario de $2,000 mensuales vería su salario mensual reducido en $400.00. Esta propuesta de reducción de jornada laboral crearía una crisis social sin precedentes afectando la estabilidad de estos trabajadores y los empleos de otros en el sector privado', advirtió el gobernador en declaraciones escritas.

De igual modo, en lo que pareció ser una declaración estrictamente realizada para la JCF, el Gobernador indicó que no está dispuesto a permitir que el ente rector ponga en marcha esta medida.

Las expresiones de Rosselló Nevares se suman a las que previamente ha realizado indicando que está dispuesto a acudir a los tribunales para impugnar la decisión de la JCF, si esta opta por activar la reducción de jornada laboral y la eliminación del bono de navidad para los empleados públicos.

'No lo podemos permitir. Por eso, al amparo de las facultades que le reconoce la Ley PROMESA al Gobierno de Puerto Rico, rechazamos y nos opondremos a esa medida en cualquier foro que sea necesario', cerró diciendo el mandatario.

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