Cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó el presupuesto presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares el pasado 30 de junio enmendó el documento para condicionar la puesta en vigor de la reducción de la jornada laboral a empleados públicos y la eliminación del bono navideño si se incumplen las proyecciones de ingresos y ahorros.

Desde entonces, el presidente de la Junta, José Carrión III, ha reiterado al gobierno de Rosselló Nevares que estas medidas siguen vigentes pues las proyecciones de ese cuerpo apuntan a que en septiembre el gobierno no logrará las metas con las que se comprometió en el presupuesto y el plan fiscal. Por su parte, el Primer Mandatario dijo esta semana que no era necesario recortar la jornada y ocasionar más daño a la clase media y el gobierno.

Sin embargo, la oposición del gobierno a estas medidas antipáticas se ha mantenido exclusivamente en el discurso público, sin tomar acciones legales para retar la enmienda que incluyó la JCF a esos efectos. En ese sentido, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, explicó a NotiCel que La Fortaleza no tomará acción legal para evitar la imposición de estas medidas hasta tanto la Junta emita una directriz para ejecutar las medidas que incluyeron mediante enmienda al presupuesto certificado.

‘En estos momentos no hay una instrucción de la Junta de Supervisión Fiscal al gobierno de establecer un recorte de jornada. Para que los casos se lleven a los tribunales tienen que estar maduros y en este caso tendría que ocurrir una resolución o una directriz de parte de la Junta de que se tiene que implementar y eso no ha ocurrido al día de hoy’, dijo el Secretario.

Sobre la posibilidad de solicitar una sentencia declaratoria a los efectos de pedir que el tribunal esclarezca si la Junta puede obligar al gobierno tomar estas medidas, Villafañe insistió que, ‘En ese aspecto lo que procede es que haya una directriz. Cuando haya una directriz, eso es lo que nos da a nosotros la llave para acudir al tribunal’.

El funcionario señaló que el Gobernador y su equipo legal han evaluado el marco legal de la Ley PROMESA y sostienen que la sección 205 provee para que el gobierno rechace cualquier recomendación de la JCF, y establece que ese cuerpo no puede imponer medidas de manera unilateral. ‘Así que nosotros entendemos que ese planteamiento es lo que nos da la razón y por ende cualquier decisión contraria a eso de parte de la Junta pues tendría entonces que encontrar su día en corte’, expresó Villafañe.

No obstante, la sección 205 especifica también que, si el gobierno rechaza una recomendación de la Junta, el Gobernador y la Legislatura tendrán que explicar por qué la rechazan y enviar sus declaraciones al Congreso y al Presidente. La declaración del gobierno sobre el aval o rechazo de cualquier recomendación de la JCF se tiene que dar a no más de 90 días de recibir la directriz.