Ante la recomendación de la Junta de Control Fiscal (JCF) de reducir la jornada laboral a partir del 1 de septiembre, el representante del gobernador en el ente federal, Christian Sobrino Vega, exclamó que la gobernanza de Puerto Rico no le corresponde a ellos.

'No habrá reducción de jornada laboral. El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que hay un solo Gobierno y ese es el liderado por el gobernador Ricardo Rosselló', declaró Sobrino Vega durante la novena reunión de la Junta, llevada a cabo en el Hotel Conquistador hoy, viernes.

El planteamiento de Sobrino Vega tiene base en que la Ley PROMESA establece que la Junta puede hacer las recomendaciones que entienda necesarias, pero no tiene la facultad de obligar al Gobierno a llevar a cabo las medidas.

Bajo el inciso A de la sección 205 de la Ley, se autoriza a la Junta a recomendar 'al Gobernador o la Legislatura sobre las acciones que el Gobierno del territorio puede tomar para garantizar el cumplimiento con el Plan Fiscal, o para que de otro modo promueva la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad administrativa y la eficiencia en la forma en que el gobierno del territorio presta sus servicios'.

No obstante, el inciso B permite al Gobierno de Puerto Rico tomar una decisión sobre ellas.

'En el caso de cualquier recomendación presentada bajo el inciso (a) que se encuentre dentro de lo que el gobierno del territorio tiene la autoridad de adoptar, a no más de 90 días luego de recibir la recomendación, el Gobernador o la Legislatura (el que tenga la autoridad para adoptar la recomendación) presentará una declaración a la Junta de Supervisión dando aviso en cuanto a si la recomendación será adoptada por el gobierno del territorio', dispone el documento.

Sobrino Vega hizo hincapié en lo escrito en el estatuto a la vez que reiteró que 'vamos a reducir el tamaño del Gobierno de Puerto Rico porque queremos, no porque ustedes lo imponen'.

En esa línea, Carlos García señaló que la Junta solo aspira al bienestar económico de Puerto Rico y por eso la reducción de la jornada laboral fue presentada como una condición para la aprobación del Plan Fiscal de la Isla hace unos meses. Por tanto, se concretó en un mutuo acuerdo.

'Esto no fue una recomendación, esto fue una condición para aprobar el Plan Fiscal y se aprobó en marzo', destacó García.

En respuesta al reclamo, Sobrino Vega objetó que el Gobernador nunca estuvo de acuerdo con reducir la jornada. No obstante, García rebatió que los funcionarios del País no presentaron queja alguna al momento de discutir las medidas.

En conferencia de prensa y a preguntas sobre la autenticidad de este careo entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, Sobrina Vegaafirmó que 'si esto es un drama, nos deben dar un Oscar'.

A raíz de la discusión entre ambos miembros, Ana Matosantos intervino para subrayar la necesidad de la reducción de jornada laboral porque las medidas de ahorros del Gobierno han sido insuficientes. Igualmente, advirtió que este primer año fiscal es 'el más suave' y no será hasta el tercer año fiscal cuando se vislumbra un impacto agresivo en el área de Salud.

También, Matosantos aclaró que la recomendación va dirigida hacia una reducción de jornada y no despido de empleados, pues el Gobernador ha sido enfático en que la política pública de su administración no contempla despidos.

Por otra parte,el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),GerardoPortelaFranco, también abogó por la reconsideración de la Junta en cuanto a la jornada laboral.

'La trayectoria de siete meses del Gobierno y el paso que tiene la reforma estructural habla por sí misma y podría categorizarse como la más agresiva en la historia de Puerto Rico y, podríamos argumentar, muy por encima de cualquier reforma llevada a cabo por otro Estado', expresó Portela Franco en un turno de comentarios.

De acuerdo al funcionario, la discrepancia entre la JCF y el Gobierno de Puerto Rico en cuanto a la necesidad de implementar la reducción de jornada laboral reside en $190 millones provenientes de medidas de no personal, que forman parte de $440 millones en medidas fiscales. Con esos números, mencionó, la disidencia sobre una cantidad 'mínima' no debería poner en jaque tantos otros decretos que ya han mostrado resultados.

Como solución, propuso un monitoreo exhaustivo de las iniciativas de ahorros por parte de un ente externo al Gobierno de Puerto Rico y la Junta, con el fin de demostrar el progreso fiscal. De comprobarse lo contrario, 'la Junta debería proceder con la ejecución de las recomendaciones correspondientes respecto al Gobierno [sobre la reducción de jornada]', afirmó Portela Franco.

Un día antes de la reunión, el gobernador RicardoRosselló Nevares en compañía de Sobrino Vega y Portela Franco, tildó de 'innecesaria' la reducción de jornada laboral y aseguró que retaría las recomendaciones de la Junta.

'La reducción de la jornada laboral, además de que es una propuesta por la Junta, era una medida establecida como contingencia por si no llegábamos a los objetivos de dinero en la caja. La expectativa era de 291 millones de dólares y hoy aquí les presentamos que tenemos un balance de casi 1.8 billones de dólares, por lo que estamos muy por encima de las expectativas de lo que era la expectativa del plan fiscal de liquidez. Por qué entonces se estaría implementando la reducción a la jornada laboral?', exclamó el Primer Ejecutivo durante una conferencia de prensa.

Los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico han asegurado que llevarían el asunto hasta los tribunales.