El presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, restó importancia a que varios ayuntamientos se unieran al municipio de San Juan en las demandas radicadas por la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz Soto, para impugnar el acuerdo de reestructuración de la institución con los bonistas (RSA por sus siglas en ingles).

En el pleito estatal, los municipios plantean que el BGF dispuso de sus activos sin su consentimiento, por lo que piden que se liberen los fondos que tenían depositados en el banco y que presuntamente han sido utilizados como parte de los activos en el proceso de reestructuración.

Además, los municipios solicitan al Tribunal federal que declare ilegal el RSA del BGF porque no se hizo de acuerdo con la Ley PROMESA. Figuran como demandados junto al BGFla Junta de Control Fiscal (JCF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

'Entendemos que no tienen los méritos legales para sostenerse (sic) la demanda. Nosotros continuamos enfocados en ejecutar la transacción anunciada, que fue recientemente también legislada como política publica del gobierno en la Legislatura', afirmó Sobrino.

Los municipios de Arroyo, Comerío, Isabela, Juana Díaz, Luquillo, Patillas, Salinas, San Germán y San Lorenzo se unieron a la demanda en el foro estatal. En el caso del pleito federal, se unieron Cabo Rojo, Hormigueros, Juan Díaz, Luquillo, Mayagüez, San Germán y San Lorenzo.

La jueza en el caso de la bancarrota del gobierno, Laura Taylor Swain, atenderá la demanda presentada ante el Tribunal federal, informó a finales de julio la Alcaldesa de San Juan.

Además de recordar que el acuerdo de reestructuración se convirtió en la política pública del gobierno al ser aprobado mediante legislación en la pasada sesión ordinaria, el Presidente del BGF defendió las bondades de la transacción. A su vez, insistió que los municipios se verán beneficiados con el acuerdo que, según explicó, permitirá recobrar el dinero depositado en la institución.

'Nosotros entendemos que la transacción que se está ofreciendo, y que vamos a cerrar va a ser el mejor vehículo para que los alcaldes puedan recobrar y maximizar su recobro de los depósitos que tenían en el banco', reiteró el funcionario.

Sostuvo que el acuerdo aprobado por la Junta de Control Fiscal reduce además el pago de los intereses de los préstamos de los municipios.

'Es una transacción donde también se le reduce el pago de intereses a los alcaldes, por los préstamos. Se le reduce también la cantidad que tendrían que repagar por concepto de los prestamos generados, pero no reembolsados', apuntó Sobrino.

Por su parte,Cruz defendió recientemente su demanda que tiene tres argumentos contra la JCF y el BGF:que no se le quite el dinero de los ciudadanos de San Juan para pagar las deudas del Gobierno Central, que la Junta no sigue la Ley PROMESA al aceptar el acuerdo entre el BGF y los acreedores sin primero negociar con el municipio de San Juan; y que en dado caso, se aplique el término de justa compensación. Es decir, que si hay una cantidad no desembolsada al municipio por concepto de préstamos, la cuantía se descuente de la deuda.

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