Aunque los huracanes Irma y María perjudicaron la infraestructura y operación gubernamental local, así como más de 200,000 residencias y comercios, los fenómenos atmosfericos no fueron suficientes para trastocar el propósito y la permanencia de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Por los pasados días, figuras prominentes en su creación y dirección han apuntado a la solidificación del regimen de la Junta para manejar las finanzas del País contra todo pronóstico.

'Los huracanes Irma y María han cambiado la realidad de Puerto Rico, pero no han alterado la ruta y los propósitos de PROMESA, o la importancia que tiene el que se cumpla lo trazado. De hecho, han subrayado la importancia de la necesidad de regresarle la vitalidad económica a la Isla', declaró la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, en el transcurso de la primera reunión de la Junta desde el impacto de los fenómenos atmosfericos.

Jaresko recalcó que el propósito inicial de restructurar la deuda, asimismo, continuaba intacto.

La Junta es un ente habilitado por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles).

Mientras el gobierno local aún no ha restablecido sus operaciones con total regularidad, se espera que la Junta retome sus reuniones mensuales con normalidad. Además, Jaresko anunció que llevará a cabo tres sesiones especiales para conocer la postura de los acreedores respecto a la situación actual. Dos de ellas serán en Puerto Rico, mientras que otra será en Nueva York.

Según aprobado en el cónclave, el ente federal solicitó al Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias la elaboración de nuevos planes fiscales que los dirijan a traves de los próximos cinco años. Inicialmente, y previo a los daños de María, los planes fiscales aprobados contenían información correspondiente a diez años.

'Puerto Rico se enfrenta a una serie de circunstancias únicas y es la bancarrota municipal más grande y ahora, el desastre natural más grande que haya impactado la Isla en los pasados 100 años. La devastación ha afectado billones de vidas, destruido infraestructura crítica, ha imposibilitado la recolección de recaudos y, a raíz de esta nueva realidad, debemos trabajar de manera urgente con los planes fiscales certificados', añadió la Ejecutiva.

Del mismo modo, el grupo asumió el control de las contrataciones entre el Estado y toda empresa, con el fin de cumplir con los objetivos económicos predispuestos. Casualmente, surge despues del escándalo de contratación --y posterior cancelación-- del pacto entre la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y la empresa Whitefish Energy Holdings para levantar el sistema electrico del País.

En noviembre, esperan que la jueza del tribunal de quiebras Laura Taylor Swain apruebe la imposición de un 'síndico' para la AEE y así encaminar la renovación de la corporación pública.

En días previos, y durante sus respectivas visitas a la Isla, los congresistas Bishop y Duffy no vislumbraban cambios a la permanencia de la Junta, aunque mostraron inclinaciones a modificar la Ley PROMESA.

'Yo no voy a sacar nada de sobre la mesa en este momento. Quizás la contestación es que no [vislumbro cambios]. Ahora mismo, nuestra preocupación más grande es resolver las necesidades humanitarias para el corto plazo. Luego, trataremos de reconstruir y reconstruir mejor que antes', aseguró Bishop a NotiCel.

Mientras, el congresista Duffy, autor de PROMESA, fue más categórico que su correligionario al mencionar que la ley sería sometida a cambios en el Congreso de los Estados Unidos a causa del paso devastador del huracán María. No obstante, en esas revisiones futuras no se contempla su revocación.

Duffy, quien representa al estado de Wisconsin, reveló que concordaba con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, en que la Junta jugaba un rol importante en la recuperación a largo plazo de Puerto Rico.