El Fondo General para el año fiscal 2019 carecerá de $458 millones comparado al pasado presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según se desprende de una misiva enviada por la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Legislatura.

Según detalla el organismo instaurado por la Ley federal PROMESA, el próximo año el Fondo General tendrá un prespuesto consolidado de $8,529 millones, versus el de este año que fue de $8,987. El próximo presupuesto asume $12 millones en Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) provenientes de la incipiente industria del cannabis medicinal.

De igual modo, incluye $44.3 millones por juegos de azar (incluyendo mejorar la fiscalización de las máquinas ilegales), $49.5 millones en impuestos a los cigarrillos, otras licencias facilitadas por la Reforma de Permisos, y los intereses de los prestamos de la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

Tambien, se cuentan $3.4 millones en impuestos por las rentas hechas a traves de la aplicación Airbnb, $98.4 millones atribuibles a la Reforma Contributiva y otros $24.5 millones por mejoras a la fiscalización del IVU.

En cuanto a gastos, fija en $257 millones el costo para el erario del programa de creditos contirbutivos a las personas que trabajan (Earned Income Tax Credit), en $19 millones la reducción por la flexibilización del impuesto por transacciones entre empresas (B2B) y $79 millones por la reducción del IVU en los alimentos preparados pagados con metodos electrónicos.

El presupuesto consolidado toma en cuenta partidas federales, frente al presupuesto general que solo toma en cuenta ingresos y gastos estatales. Por los pasados dos años, los presupuestos generales han sido los más bajos en ocho años. En el renglón consolidado, representa incluso el presupuesto más bajo en por lo menos una decada. Sin embargo, en cuanto a fondos federales se refiere, el próximo año se calcula una partida de $9,322 millones, un aumento de $2,679 millones en comparación con el año en curso. El aumento es casi totalmente atribuible a una partida nueva de $2,274 millones que se calcula vengan de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) por concepto de 'reconstrucción'.

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Según el experto internacional en deuda pública, Martín Guzmán, la Junta ha pecado del optimismo del Gobierno de Ricardo Rosselló Nevares para con los sobrantes monetarios por los próximos seis años proyectados en el Plan Fiscal certificado la semana pasada, a la vez que advirtió que los fondos federales no deben ser usados en otra cosa que no sea la reconstrucción del país tras el embate del huracán María.

El Gobernador solicitó al Congreso de los Estados Unidos una friolera de $94,000 millones para la reconstrucción de infraestructura y programas de ayuda.

A juicio de Guzmán, tambien se sobreestiman las ganancias que puedan generar las reformas estructurales ya puestas en vigor por la presente administración.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela Franco, solicitó el jueves a la Junta que reajustara el calendario para la certificación del presupuesto del año fiscal 2018-2019 ya que se extendió la certificación del Plan Fiscal, que tuvo que ser revisado tras la emergencia provocada por María en septiembre de 2017. El mismo día de la solicitud de la AAFAF, la JCF envió una carta a los presidentes legislativos estipulando que no más tarde del 29 de junio del corriente el presupuesto debe estar certificado.

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