El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que la Junta de Control Fiscal (JCF), como representante de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) en el proceso judicial bajo el Título III de la Ley Federal PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico y una porción sustancial de los bonistas de COFINA, llegaron a un acuerdo en principio para recortar y reestructurar la deuda de la corporación en terminos que puedan pagarse ante la realidad fiscal de Puerto Rico.

Rosselló Nevares expresó que 'desde nuestra campaña electoral hemos sido firme en que la deuda de Puerto Rico tiene que reducirse en terminos que podamos pagarla ante el efecto de decisiones equivocadas del pasado. De igual forma, hemos expuesto la política pública de lograr acuerdos consensuales con nuestros acreedores que no afecten los servicios del Gobierno a los más vulnerables'.

El acuerdo en principio representa una reducción en el monto de la deuda agregada de COFINA de casi una tercera parte de la deuda, ahorros de $17,500 millones en pagos futuros de deuda y provee terminos y condiciones para su restructuración. Además, es consistente con el acuerdo de transacción obtenido por los agentes de COFINA y el Gobierno Central en el caso de Título III anunciado en junio de 2018 por lo que se anticipa que este acuerdo provea un camino hacia un plan consensual de ajuste de deuda para la corporación y un paso decisivo en la resolución final de la deuda pública.

'Este acuerdo representa un gran avance en la reestructuración de la deuda de la Isla y confirma una vez más la credibilidad de nuestra gestión. El mismo se une a los acuerdos que ya hemos alcanzado con los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento y con los de la Autoridad de Energía Electrica y demuestra que estamos reestableciendo la confianza en Puerto Rico. Además, estos acuerdos son un paso importante para recuperar el acceso a los mercados de capital', sentenció el Primer Mandatario.

Por su parte, Christian Sobrino Vega, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), informó que este acuerdo le brindará al Gobierno de Puerto Rico acceso a $425 millones anuales, en promedio, por los próximos 40 años.

'Este acuerdo en principio con los bonistas de COFINA adelanta los mejores intereses de todas las partes envueltas, incluyendo el Gobierno de Puerto Rico y los bonistas locales. Con este entendido en principio, se evitan gastos de litigios y se asegura que el Gobierno cuente con los fondos necesarios para continuar brindando servicios a la ciudadanía' concluyó el licenciado Sobrino Vega.

El acuerdo es producto del proceso de mediación ordenado por la jueza Laura Taylor Swain en el caso de Título III de COFINA y liderado por la jueza Barbara Houser y su equipo de jueces mediadores.

'Nuestro objetivo ha sido poder lograr un acuerdo de reestructuración de deuda con todos los representantes de COFINA, consistente con el acuerdo en principio al cual llegaron los agentes para COFINA y el Gobierno de Puerto Rico, cuyos terminos fueron anunciados el 7 de junio de 2018, y entendemos que este acuerdo honra ese objetivo', dijo por su parte, Natalie Jaresko, la directora ejecutiva de la Junta Fiscal.

'Más aún, este acuerdo consensual con todos los bonistas de COFINA comprueba el compromiso de la Junta y el Gobierno de concretar acuerdos consensuales sobre la deuda de Puerto Rico cuando sea posible. Queremos agradecer a los jueces mediadores asignados cuyo trabajo incansable fue esencial para la negociación constructiva que tuvimos con los bonistas de COFINA, así como al Grupo Ad Hoc de Bonistas Senior, aseguradoras 'monolines' y otros bonistas, quienes jugaron un rol importante para definir un plan consensual aceptable', agregó.

Entretanto, la Coalición de Bonistas Senior de COFINA que representa al grupo organizado más grande de tenedores de bonos emitidos por la corporación expresó que el acuerdo 'marca un hito importante para Puerto Rico en su ruta hacia la recuperación. Los terminos allanan el camino hacia el acceso futuro a los mercados de capital, provee para una recuperación equitativa y la reanudación del pago de intereses en efectivo reestructurados para todos los tenedores de bonos, incluyendo una cantidad importante de bonistas locales individuales y jubilados'.

La Coalición tambien destacó que el acuerdo reduce la deuda de Puerto Rico en aproximadamente $7,000 millones, preserva el acceso a titularizaciones (securitization) de bajo costo, y aumenta los ingresos del Gobierno por el Impuesto de Ventas y Usos (IVU) para el 2019 en más de $360 millones.

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