Tanto el plan fiscal de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) como del Gobierno de Puerto Rico, que se apresta a certificar hoy, jueves, la Junta de Control Fiscal (JCF), contienen estatutos que inciden en la transformación de la corporación pública, incluyendo el ente regulador del proceso de privatización de activos, que a su vez vela por su Plan Integrado de Recursos (IRP por sus siglas en ingles). Es por esto que el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) radicó una demanda por sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que el plan fiscal de la AEE no incluya ni 'amarre' el IRP.

Según el ICSE, el Plan Integrado tomado en cuenta para el plan fiscal es una versión del 2015 de la AEE, el cual fue rechazado en el 2016 por la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR).

Con la presentación del recurso legal, el Instituto busca defender la supervisión independiente, así como la revisión y aprobación de proyectos críticos de energía que mediante la Ley 57 de 2014 le corresponde a la Comisión.

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'Al defender la Ley 57 y la política pública energetica local vigente defendemos los mismos fines de reforma eficiente y salvaguardas de prudencia fiscal bien regulados que la Ley PROMESA contempla. Tambien, promovemos la tan necesaria colaboración entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa de Puerto Rico con el Congreso de los Estados Unidos y la Junta. Una colaboración que al presente está ausente al igual que nuestra seguridad energetica y calidad de servicio', expuso en comunicado de prensa el director ejecutivo del ICSE, ingeniero Tomás Torres.

Por su parte, el presidente de la Junta del ICSE, Josen Rossi, argumentó que la acción legal 'va dirigida tambien a cuestionar, si el caso se eleva ante la Juez Swain, en cuanto a cuál es la mejor manera de lograr protocolos de colaboración y calendario de procesos regulatorios dada la autoridad compartida y complementaria de la Junta Fiscal y de la CEPR en la preparación y aprobación de planes y presupuestos de la AEE. Procesos bien regulados de Planes Integrados de Recursos y proyectos críticos de la AEE son fines complementarios del ente federal y del regulador local; aunque no así otras entidades privadas de generación de energía que le corresponde solo a la CEPR regular'.

Recientemente, el Instituto de Economía Energetica y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en ingles) colgó la medida que viabiliza la privatización de la AEE porque impediría la modernización a la vez que perjudicaría a los contribuyentes y socavaría la economía. Tambien criticó que el plan de privatización carece de transparencia y garantiza una regulación inadecuada de la AEE, lo que obstaculizaría la construcción de un verdadero sistema electrico del siglo 21.

Sobre la medida para privatizar la corporación pública tambien se ha dicho que inflará las tarifas de servicio electrico a tal punto que el ciudadano residencial estaría pagando en promedio 986 dólares por año. El cliente comercial pagaría 13,600 dólares más y el industrial unos 827 mil dólares más al año', dijo Alameda en un receso de la Comisión conjunta de Desarrollo Económico, Planificación,Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas, Energía y Gobierno de la Cámara de Representantes.

Lea la demanda del ICSE a continuación.