El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en ingles) asignó el jueves, $9 millones a varias agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para promover la prevención y el control del crimen, la retención de fiscales y defensores públicos, mejoras a los laboratorios forenses, tratamientos para el abuso de sustancias controladas, más servicios y compensación para víctimas de crímenes, informó el Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi.

Los fondos se dividieron entre el programa de Asistencia a Víctimas del Crimen, el Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

DOJ le otorgó sobre $5.4 millones al programa de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA, en inglés). El programa apoya a las organizaciones comunitarias que buscan asistir directamente a las víctimas de maltrato de menores, violencia doméstica, abuso sexual, maltrato a personas de la tercera edad, robo, agresión y terrorismo, así como a los sobrevivientes de familiares asesinados y a víctimas de accidentes causados por conductores intoxicados. También, VOCA ayuda a proveer asistencia económica e incrementar los pagos de compensación para las víctimas.

Asimismo, se otorgaron casi $3 millones al Departamento de Justicia de Puerto Rico bajo el programa Edward Byrne Memorial Justice. El programa busca brindarle apoyo a los agentes de ley y orden, los fiscales y los tribunales en la Isla, optimizar los sistemas de investigación y procesamiento criminal, y ayudar a proveer rehabilitación y alternativas al encarcelamiento en el caso de delincuentes juveniles y adultos usuarios de drogas.

Además, este programa apoya y establece iniciativas de prevención contra el crimen, compensación a víctimas y testigos del crimen, y para técnicas forenses de investigación y análisis de evidencia ante crímenes violentos. Los fondos promueven una coordinación efectiva e integrada dentro del sistema de justicia criminal y juvenil para atender casos de violencia doméstica, delitos sexuales, y abuso de niños y personas de tercera edad.

Por su parte, el Instituto de Ciencias Forenses recibió más de $672 mil por parte del DOJ para reducir el retraso en cuanto a las pruebas y los análisis de DNA e incrementar la rapidez y productividad de los laboratorios criminales.

Por otro lado, el programa federal para el tratamiento del abuso de sustancias controladas en prisiones estatales (Substance Abuse Treatment for State Prisoners) le asignó $99 mil al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico para desarrollar e implementar programas de tratamientos para abuso de sustancias controladas y adicciones en las cárceles.

De igual manera, el Departamento de Justicia de Puerto Rico recibirá unos $57 mil adicionales por parte del programa John R. Justice. Este programa motiva a abogados cualificados a escoger carreras como fiscales y defensores públicos. Puerto Rico estaba excluido de este programa hasta el 2011.