El movimiento 'Puerto Rico no aguanta más' realizará esta noche una manifestación frente a las inmediaciones del Capitolio, en donde buscarán que el gobernador Alejandro García Padilla no convoque a una sesión extraordinaria para que la Legislatura le apruebe el aumento del arbitrio al petróleo.

Una de las portavoces del movimiento, Loraine García, explicó a NotiCel que la manifestación está pautada para las 10:30 p.m. porque a partir de la medianoche el Primer Mandatario puede convocar a una sesión extraordinaria en cualquier momento.

El lunes, el presidente cameral, Jaime Perelló, indicó que en la reunión que sostuvieron con el Ejecutivo se acordó que se reescribiría el proyecto presentado por la Fortaleza que persigue aumentar el arbitrio del petróleo crudo a $15.50 por barril.

La idea es que dentro de la medida se establezca que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tiene que llevar a cabo un plan de reorganización y que se estipule la fecha específica en la que se estaría radicando el proyecto de la Reforma Contributiva. Además, quieren que se les adelante a los legisladores los 'lineamientos generales' que tendrá la propuesta de la administración García Padilla para dicha Reforma, tras recibir el informe de las recomendaciones que hizo la firma KPMG, que hasta ahora no ha sido divulgado a pesar de ser un documento público.

Hasta el lunes, la mayoría parlamentaria no tenía los votos necesarios para aprobar el aumento. Al menos, en la Cámara hay representantes que entienden que la discusión del proyecto se debe unir a la Reforma Contributiva, para comprobar si es necesario aumentar el arbitrio. Por ello, presentaron una medida para asignar a la ACT$45 millones de los recaudos del impuesto a los cigarrillos para cubrir la nómina de los empleados, pero el Senado colgó el proyecto.

García sostiene que el movimiento ejercerá todo los mecanismos de presión que tienen a su alcance para evitar el arbitrio, que como ha advertido el economista José Antonio Herrero, terminaría afectando a cerca de un millón de ciudadanos ya impactados con la disminución del salario por hora y el aumento en el costo de vida.

Según la portavoz, el aumento del arbitrio, 'tendrá un efecto dominó que afectará a todos en todos los aspectos (entre ellos el precio de los alimentos y la factura de luz)'. Además, destacó que el Gobierno pretende recurrir a soluciones fáciles para salir del paso de los problemas fiscales del BGF y de la ACT.

El movimiento resalta que, 'en el 2013 aprobaron un arbitrio a la gasolina que prometía resolver el asunto de la Autoridad de Carreteras. Ha pasado un año y ya quieren aprobar otro arbitrio a la gasolina con la excusa de que es la única salida. En el 2015, querrán volver con otro nuevo arbitrio a la gasolina simplemente se niegan a hacer los ajustes necesarios para manejar efectivamente su presupuesto. Qué hicieron con el dinero del año pasado? Por qué siguen otorgando contratos a diestra y siniestra?'

Mientras, en el Senado se alinearon con la propuesta del Ejecutivo para supuestamente salvar al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de la deuda que tiene la ACT, transfiriéndola a la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI).

El Ejecutivo no ha escatimado en sus amenazas a los legisladores que no han querido dar paso al aumento del arbitrio. De hecho, ayer se advirtió que si no se aprueba la medida, en diciembre quedarían paralizados los servicios del Tren Urbano y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

'Puerto Rico no aguanta más' propone que para atajar los problemas fiscales y económicos de Puerto Rico se reduzca el tamaño del Gobierno; que se bajen y eliminen impuestos; que se creen Alianzas Público Privadas para atender el problema fiscal de las agencias quebradas; que se abra a la libre competencia las utilidades públicas; que se consoliden municipios; que se facilite el proceso de otorgación de permisos para el establecimiento de nuevos negocios; que se reduzca el sueldo del Gobernador, los legisladores, los jefes de agencia, y los alcaldes.

Igualmente, recomiendan reducir la cantidad de contratos de asesores; que no hayan empleados de confianza en las dependencias; que se reduzcan las propiedades del Gobierno; que se bajen los gastos del Gobierno por concepto de arrendamiento; que se aumente la captación del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), mediante la contratación de empleados temporeros por medio de agencias de empleos; y que se bajen los contratos.