El juez Julio de Rosa Rive declaró no ha lugar a la solicitud de desestimación de juicio, que hizo la defensa de los dos acusados de masacrar a una familia en su residencia en Guaynabo. Christopher Sánchez Asencio y Jose Luis Bosch Mulero enfrentarán juicios distintos debido a que se implican mutuamente en sus testimonios.

La defensa configurada por los licenciados Orlando Cameron Gordon y Mayra López Mulero radicaron una moción 64 de desestimación al asegurar que no se cumplió con el proceso de ley, debido a que no se les entregó la declaración que hizo el menor sobreviviente de la masacre cuando relató los hechos a los agentes de la Policía. Luego de los acusados haber matado a sus padres, a la abuela peruana y al hermano, el joven de 13 años fue tirado de un puente y abandonado por los criminales, quienes lo consideraban muerto.

López Mulero insistió en la importancia de contar con esas declaraciones para poder preparar el contra interrogatorio al menor, en lo que constituiría una defensa justa de su cliente. Sin embargo, de Rosa Rivé recordó que la únicas excepciones para que se entregan esas declaraciones es si constituyen una declaración jurada o si contienen prueba exculpatoria, un reclamo al que la defensa no adujo en la moción.

'El derecho al contra interrogatorio es un derecho constitucional. Ese derecho incluye que se entreguen todas las declaraciones juradas o no, grabadas o no(...) Eso se nos ocultó... No se nos entregó', protestó la licenciada.

El juez se reafirmó, sin embargo, en que conforme a derecho no procedía el descubrimiento de prueba, y sugirió que la defensa estaba más bien en desacuerdo con las resoluciones del Tribunal Supremo, más que con su determinación.

Luego de que se le permitiera a la defensa reunirse con el doctor Ernesto Sánchez Castro, psicólogo del único sobreviviente, los licenciados se allanaron a la moción de circuito cerrado para que el Tribunal permita que el menor testifique en un cuarto privado, sin tener que enfrentar a los supuestos asesinos.

'Queremos hacernos parte del interés de todo el país de evitar que el menor pueda verse afectado, aun más de lo que implica haber perdido a toda su familia', mencionó Lopez Mulero, luego de haber tenido la oportunidad de conocer detalles del estado emocional del testigo principal de fiscalía.

Sánchez Asencio y Bosch Mulero serán juzgados en procesos separados, a petición de defensa, debido a que el propio Ministerio Público reconoció que estos se implican mutuamente en sus testimonios. Los jóvenes enfrentan 40 cargos por asesinato en primer grado, Ley de Armas, destrucción de evidencia, secuestro agravado y conspiración.

El Ministerio Público sentará a 62 testigos durante el juicio, ya que se informó que se agregaron 36 nombres a la lista original.

En la masacre murieron el exmilitar Miguel Ortiz Díaz; su esposa, Carmita Uceda Ciriaco; el hijo de la pareja, Michael Ortiz Uceda y Clementina Ciriaco López, de 71 años y madre de Uceda Ciriaco; ambas de nacionalidad peruana.

Los abogados solicitaron a la jueza Vivian Durieux que esperara a concluir un juicio para comenzar el otro. La selección del jurado iniciará el 23 de abril en el caso contra Sánchez Asencio, y un día después se elegirán los ciudadanos que juzgarán a Bosch Mulero.

En un parte de prensa, López Mulero indicó que está evaluando la condición mental de su cliente, quien aseguró es retardado mental. Consultará con un perito para entonces determinar si presentará una moción de supresión de confesión.