El pasado jueves, los abogados del convicto Nelson Ruíz Colón, quien cumple cárcel por el asesinato de la universitaria Glorimar Perez Santiago en hechos ocurridos en la Playa Jobos de Isabela, demandó al Gobierno en un esfuerzo adicional por ganar su libertad.

Sus abogados presentaron la demanda en el Tribunal Federal de Puerto Rico contra funcionarios del Departamento de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) alegando que el gobierno de Puerto Rico le ha violado sus derechos constitucionales al no permitirle realizar pruebas de ADN a la evidencia forense recopilada durante el proceso criminal en su contra.

El caso criminal, al igual que sus convictos, ha entrado y salido de los tribunales en varias ocasiones. De hecho, en un momento dado, los tres imputados por el secuestro, violación y asesinato de la exreina de belleza de Aguada fueron liberados por el propio tribunal que los juzgó, aunque luego el Tribunal de Apelaciones ordenó su reingreso a prisión para cumplir penas de entre 125 y 150 años de cárcel.

La acción legal ante el foro federal se dirige contra el secretario de Justicia, César Miranda Rodríguez, el jefe de fiscales José Capó Rivera y la directora del ICF Edda Rodríguez Morales.

El escrito menciona que el veredicto de culpabilidad por cargos de corrupción contra el juez Manuel Acevedo Hernández, quien fuera el juez estatal que denegó la petición de Ruíz Colón de someter la evidencia en poder del ICF a pruebas de ADN, lo que nunca se hizo, pues, durante el proceso inicial, no existía la tecnología disponible para ello.

Específicamente, de los rastros de sangre y cabello en las uñas de la víctima nunca pudo determinarse su procedencia y el caso del Ministerio Público descansó principalmente en la prueba testifical.

Según la demanda, los dos testigos principales luego se retractaron mediante declaraciones juradas de sus testimonios en el juicio ante el jurado, por lo que la defensa solicitó al tribunal estatal que ordenara al ICF realizar pruebas de ADN a la evidencia en poder de esa agencia.

Sin embargo, Acevedo Hernández denegó la petición, negativa que los abogados de Ruíz Colón entienden es una violación a los derechos constitucionales del ahora convicto.

Como remedio, solicitan que el Tribunal Federal obligue al Estado a realizar las pruebas y concederle daños y honorarios de abogados.

Durante la década de los 90, el proceso criminal tras la muerte de Glorimar Pérez Santiago mantuvo en vilo la atención pública, especialmente la zona oeste de la Isla.

Tanto Ruíz Colón como los otros dos convictos en el mismo caso, Nelson Ortiz Álvarez y José Caro, han reiterado ser inocentes del crimen de Pérez Santiago. Los familiares de los llamados tres inocentes de Aguada han llevado por los pasados años una campaña en diversos portales de internet argumentando que el proceso y la prueba testifical estuvieron viciados por presiones indebidas de parte de los agentes de la Policía y fiscales que llevaron el caso.

Demanda Nelson Ruíz Colón en Tribunal Federal - NotiCel_12977