El Departamento de Justicia informó el lunes que la compañía 26 Metal Recycling, ubicada en Santurce, se convirtió en la primera empresa a la que un juez le encontró causa por la compra de metales hurtados.

En un comunicado de prensa se informó que el negocio enfrentará la justicia junto a Yuberkis Quiles Jiménez, Simón Poueriet Castillo y Alba Mercedes García, a quienes también se les encontró causa para arresto.

Según se desprende de la investigación realizada por la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, junto a la Policía de Puerto Rico, la corporación 26 Metal Recycling, propiedad de Yuberkis Quiles Jiménez, supuestamente adquirió 1,650 libras de cobre que fueron vendidas por un agente encubierto el pasado mes de marzo. En dicha transacción se obtuvieron $2,480.

En una segunda transacción, se vendieron 1,430 libras de cobre a la misma empresa para el mes de junio, de donde se obtuvo una ganancia de $2,260.

Tras dichas transacciones, el pasado 9 de julio hubo una intervención de la Policía de Puerto Rico en el lugar, donde ocuparon material perteneciente a la compañía de telecomunicaciones Claro.

Por otro lado, como parte de los trabajos del 9 de julio, la Policía también intervino en un centro de acopio presuntamente ilegal en donde laboraban Simón Poueriet Castillo y Alba Mercedes García en la barriada Las Monjas. Allí se encontraron 3,430 libras de material propiedad de Claro, así como gran cantidad de otros materiales.

A todos los antes mencionados les fueron radicados cargos bajo la Ley 41 de 1982, conocida como la 'Ley de Metales'.

Contra 26 Metal Recycling pesan nueve cargos. Por su parte, la presidenta de la compañía enfrenta nueve cargos por violación a los mismos artículos. De esta salir culpable podría enfrentar una pena de hasta ocho años de cárcel y multas ascendentes a $25,000.

Asimismo, Simón Poueriet Castillo tendrá que responder por los seis cargos que pesan en su contra. Su compañera de labores, Alba Mercedes García, enfrenta cinco cargos por violentar los mismos artículos.

Por los hechos antes expuestos el juez Jimmy Sepúlveda Lavergne encontró causa en los 29 cargos radicados e impuso una fianza de $1,000 por cada denuncia.

La vista preliminar fue pautada para el 24 de agosto de 2015.

El fiscal Martín Ramos Junquera, de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, estuvo a cargo de la investigación.