La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez reveló el martes, que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de diez cargos criminales contra el abogado Luis Santos Baez, por falsificación de la firma de un juez del Tribunal de Quiebras Federal, obstrucción de la justicia y fraude electrónico.

'El arresto de hoy demuestra nuestro compromiso para procesar a quienes maliciosamente buscan enriquecerse a expensas de las víctimas vulnerables que han buscado la protección y alivio bajo nuestras leyes de quiebra', dijo Rodríguez Vélez en un parte de prensa.

La acusación alega que Santos Baez estuvo de acuerdo en el uso de unos supuestos documentos legales que llevan las firmas falsas de los jueces Mildred Caban Flores y Edward Godoy, ambos jueces de la Corte de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, con el fin de autenticar dichos documentos para el procedimiento de quiebra, a saber: los documentos que parecían ser las órdenes judiciales firmados por los señores magistrados, tenía en de hecho, nunca ha entrado por la corte de bancarrota ni firmada por un juez.

La fiscal federal expuso que la acusación también alega que el demandado se enriqueció ilícitamente a sí mismo mediante la obtención de dinero y la propiedad de los individuos bajo los pretextos y las representaciones falsas y fraudulentas, que había presentado en su nombre, pedidos de quiebra bajo el Código de Quiebras de los Estados Unidos. Durante el curso del régimen, Santos Baez recibió pagos de los deudores para su depósito y honorarios de abogados.

Sin embargo, dijo, los pedidos de quiebra presentadas por Santos Baez más tarde fueron desestimados por el Tribunal por no pagar las cuotas y / o el fracaso de presentación correspondientes a proporcionar la información requerida a la Corte. Por otra parte, Santos Baez hizo una serie de declaraciones y representaciones falsas y fraudulentas para convencer a los deudores que se estaba trabajando en sus casos, y que estaban bajo la protección de bancarrota, cuando en realidad había sido despedido de sus casos.

Señaló que el acusado Santos Baez también envió comunicaciones por correo electrónico adjuntando los documentos judiciales fraudulentas supuestamente presentadas en los casos de quiebra de los deudores y firmados por los jueces del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, cuando en realidad estos documentos no fueron firmados o consentidos por los jueces.

Detalló que 'con el fin de llevar a cabo los objetivos del esquema para defraudar, Santos Baez envió comunicaciones por correo electrónico donde supuestamente hizo una serie de declaraciones falsas y proporcionó documentos falsos con el fin de inducir a sus clientes haciéndoles creer que estaban bajo la protección de bancarrota, cuando en realidad se había despedido a sus casos. El acusado sabía que las firmas y las órdenes previstas en estas comunicaciones eran fraudulentas y falsas'.

'Este hombre se aprovechó de las personas que depositan su confianza en su profesión y la supuesta capacidad con la única intención de llenar sus propios bolsillos', dijo Ricardo Mayoral, agente especial a cargo del HSI en San Juan.

La fiscal federal Olga Castellón está a cargo del procesamiento del caso.

Si es declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena de hasta veinte y nueve años de prisión.