El portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles), Carlos Osorio informó que realizaron un operativo la mañana del martes en el Residencial Santiago Iglesias de Ponce en el que arrestaron a 34 miembros de una organización de trasiego de armas y drogas que sembraban el terror e intimidaban a los vecinos del complejo de vivienda.

'La organización se dedica al trasiego de armas y drogas, en particular, crack, cocaína, marihuana', dijo Osorio en entrevista radial (NotiUno).

'Se le relaciona con por lo menos 30 asesinatos desde el 2002 en adelante', agregó.

Por su parte la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez precisó que el pasado 3 de marzo un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de seis cargos contra un total de 40 personas acusadas de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, ayudar e instigar en la posesión y distribución de heroína, cocaína base, cocaína y marihuana y por conspiración para poseer armas de fuego en un delito de tráfico de drogas.

'Este caso se refiere a la victimización a largo plazo de comunidades enteras, que se vieron obligados a vivir en el miedo debido al nivel casi incomprensible de la violencia y el tráfico de drogas que tiene lugar alrededor de ellos. Por desgracia, los proyectos de vivienda que fueron diseñados para proporcionar viviendas a precios asequibles en cambio se han convertido en un caldo de cultivo para las bandas violentas y las empresas criminales', dijo la fiscal federal en un comunicado de prensa.

Indicó que para poder operar el punto de drogas se le pagaba una renta a los líderes de la organización y sus familiares. La organización obtuvo el control de los puntos de drogas en el residencial mediante el uso de la fuerza, la violencia y la intimidación. Los puntos de drogas operaban 24 horas al día, en dos turnos diarios.

Rodríguez además explicó que la acusación también alega que los conspiradores tenían diversas funciones. La droga se vendía en otras áreas de Ponce como los residenciales Arístides Chavier, Gándara y Portugués. Como parte de la conspiración, la organización pagaba a individuos armados para proporcionar seguridad en el residencial Santiago Iglesias. Los miembros de la pandilla podrían desalojar por la fuerza a los individuos de sus apartamentos si se percibían como cooperadores o si no estaban dispuestos a cumplir con las normas establecidas por ellos.

Los acusados se enfrentan a una alegación de confiscación de 10 millones de dólares, según Rodríguez. La fiscal federal Teresa Zapata Valladares está a cargo del procesamiento del caso. Si son condenados, los acusados se enfrentan desde una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Las acusaciones contienen sólo los cargos y no son prueba de culpabilidad.

El FBI y el Ponce Strike Force de la Policía de Puerto Rico estuvieron a cargo de la investigación.