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Oficial correccional federal arrestado y acusado por supuesto uso de fuerza excesiva

Se alega que, mientras un recluso estaba esposado a la espalda y no se resistía, lo golpeó en el área de la cabeza y el rostro.

Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo.
Foto: EFE

Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el jueves, una acusación contra Emilio Rodríguez Arroyo por supuesta privación de derechos bajo el pretexto de la ley y obstrucción de la justicia y fue arrestado por estos cargos y puesto bajo custodia federal.

Según documentos judiciales, Emilio Rodríguez Arroyo, oficial correccional del Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Guaynabo, Puerto Rico, usó fuerza excesiva contra un recluso, mientras que el recluso estaba esposado a la espalda y no se resistía, lo que resultó en lesiones corporales.

El 8 de noviembre de 2021, Rodríguez Arroyo supuestamente privó a la víctima E.R.R. del derecho de la Octava Enmienda a estar libre de castigos crueles e inusuales. La acusación formal alega que el acusado golpeó a E.R.R. en el área de la cabeza y la cara mientras que E.R.R. fue esposado a la espalda, sin resistir, y bajo el control de otros oficiales. Después del incidente, Rodríguez-Arroyo engañó a sabiendas a un alto funcionario de la Oficina de Prisiones (BOP) sobre el incidente.

El acusado hizo su comparecencia inicial en la corte ante la jueza federal Giselle López Soler del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión por el cargo de violación de los derechos civiles y una pena máxima de 20 años por el cargo de obstrucción de la justicia.

La fiscal general auxiliar Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, el fiscal federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico, el agente especial a cargo del FBI en San Juan, Joseph González y el agente especial a cargo de la Oficina de Campo del Inspector General del Departamento de Justicia de Miami, James Boyersmith, hicieron el anuncio.

El FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia investigan el caso.

El fiscal federal adjunto Alexander Alum del Distrito de Puerto Rico y el abogado litigante Eric Peffley de la División de Derechos Civiles están a cargo de la acusación en el caso.

Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.