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Legislatura

Aval legislativo a medida que visibiliza el estrangulamiento como delito

El proyecto, que fue enmendado, vuelve a la Cámara de Representantes.

Se aprobó el Proyecto de la Cámara 1583
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

El Senado aprobó una medida en la sesión de ayer para reconocer el estrangulamiento, sofocación o asfixie como una modalidad de maltrato agravado y así sancionar como asesinato en primer grado al responsable.

“Aunque en los delitos que se alega estrangulamiento se pueden investigar y procesar al amparo de delitos generales de maltrato, asesinato, no tenían un agravante o una definición, ni una pena específica, tampoco estaba establecido en la ley de maltrato a menores, como tampoco existía un protocolo de atención médica por parte del Departamento de Salud”, explicó a NotiCel la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Departamento de Justicia.

Según la fiscal, las enmiendas ayudan identificar y tipificar adecuadamente esta conducta en el Código Penal de Puerto Rico, la Ley 54-1989 y la Ley 57-2023, permitiendo un procesamiento más efectivo para que el agresor reciba un castigo proporcional a su ofensa.

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De acuerdo a declaraciones escritas del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, una víctima estrangulada por su pareja tiene 700% de riesgo de ser asesinada por ésta.

“El tener especificado en estas leyes me va a permitir, primero, que tanto a los investigadores, a los fiscales o a los jueces, a dar instrucciones y a conocer cómo se producen estos actos…muchas veces ha pasado por alto los estrangulamientos porque no deja señales visibles y muchas veces lo que se hace es que se procesa por un empujón, por un puño y no por una tentativa de asesinato, una tentativa feminicidio o un maltrato agravado”, declaró la fiscal.

Con estas enmiendas, la persona que incurra en esta conducta cometerá un delito grave que conllevará una reclusión de 10 años sin derecho a los beneficios que confiere el programa de desvío. También, el Departamento de Salud se verá en la obligación a añadir un protocolo de servicios a todas las personas que sobreviven a estos actos.

“Procuramos que no solo se investigue y se procese adecuadamente conforme lo que es esta conducta, sino que el Departamento de Salud tiene que incluir un servicio de atención para que estas víctimas reciban el servicio de salud que merecen. Esto nos va ayudar a que todos los profesionales que somos parte del sistema, entiendan la gravedad del asunto y comiencen a identificar…no es lo mismo interpretarlo que yo tenerlo definido”, resaltó Hernández Gutiérrez.

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Si la medida fuera convertida en ley, Puerto Rico se convertiría en el cuarto territorio en tener una legislación de estrangulamiento. Ya 49 estados de Estados Unidos tienen dicha legislación.

“Puerto Rico estaba atrasado en identificar este tipo de conducta con especificidad en nuestras leyes”, indicó la fiscal. “Ahora mismo nosotros formamos parte de un proyecto piloto con el Instituto de Prevención de Estrangulamiento, donde para comenzar el proyecto teníamos que identificar una muestra base de casos de estrangulamiento aún sin tener dicha conducta como delito…en menos de tres semanas ya teníamos 127 casos de la muestra base”, detalló la fiscal.

El P de la C 1583 recibió un informe positivo de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que preside la senadora Migdalia González Arroyo, donde reunió comentarios de parte del Departamento de Seguridad Pública, Justicia, Salud, el Observatorio de Equidad de Género y la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que endosaron la medida.

"Me llena de esperanza que este proyecto haya sido aprobado por Cámara y Senado. Esto es esperanzador de que podemos trabajar en conjunto para poder tener resultados buenos para Puerto Rico", concluyó Hernández Gutiérrez.

El Proyecto de la Cámara 1583, aprobado unánimemente con 25 votos y sin debate, fue radicado el pasado 9 de enero de 2023 por los representantes: Jocelyn Rodríguez Negrón, Estrella Martínez y el líder cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. La medida llevaba en el tintero en el Senado desde junio del 2023 que fue aprobada por la Cámara de Representantes.

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