Como ente gubernamental encargado de regular la actividad bancaria en la isla, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) alegó que no tiene ni el personal ni los recursos necesarios para monitorear la cantidad de casos de viviendas bajo proceso de ejecución de hipoteca y mitigación de perdidas.

Del mismo modo, reconoció que entre los deudores hipotecarios impera una grave falta de orientación sobre las alternativas a su disposición para evitar perder su hogar, aunque admitió que cuenta con un fondo de aproximadamente $500,000 para su Instituto de Educación Financiera, que supone servir a esos fines.

Según trascendió durante una vista pública de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado,OCIF no aceptó la existencia de una crisis de hipotecas en el sector financiero sino que señaló la actual crisis económica y fiscal como el causante de los impagos hipotecarios que llevan a un contencioso proceso de ejecución en el que deudores son expuestos a complejos procesos judiciales.

En gran medida, indicó que parte de esta problemática se debe a una diferencia en interpretación de las leyes locales – como la Ley 184 del 2012 que obliga encaminar un proceso de mediación compulsoria antes de radicar demandas por ejecución – y leyes federales – como el Home Affordable Modification Program (HAMP) – que reciben manejos distintos dependiendo el banco o financiera.

Específicamente, se trata de que cada institución posee su propio procedimiento de mitigación de pérdidas, y aunque la OCIF supone estar encargado de regular este tipo de actividad, el personal de esa oficina no cuenta con los distintos reglamentos de cada una de estas instituciones financieras.

Sin embargo, afirmó que las estadísticas sobre la actividad de mitigación de pérdidas, casos en proceso de ejecución y propiedades ejecutadas son provistas por la banca. Aun así, en la medida que estas instituciones financieras vendan sus carteras de préstamos a inversionistas foráneos dedicados a la compra de este tipo de deuda, se pierde el dato pues la OCIF se dedica exclusivamente en recopilar datos a nivel local.

Para el autor de la ley 184, el senador Carmelo Ríos, las limitadas facultades de la OCIF para fiscalizar el proceso de ejecución hipotecaria es preocupante en momentos que la banca carece de supervisión apropiada que lo lleve a cumplir a cabalidad con los propósitos de estas leyes – evitar que una familia pierda su hogar.

'Ellos (los bancos) tienen una crisis al igual que la tenemos todos. Pero cuando llega el momento de ejecución, cuando llega el momento de mediación no están cumpliendo ni con las leyes federales ni las locales y OCIF, que es la persona jurídica que supone estar a cargo de reglamentarlaestá ciego. No puede ni siquiera mirar y saber cuántas casas se ejecutan, cuantas se salvan y no tienen los recursos para atender el proceso', dijo el senador en un aparte con los medios.

Durante las vistas, el senador además acogió los señalamientos de la OCIF, representado por la asesora legal de esa oficina, Griselle Morales, sobre la falta de fondos para emprender una campaña educativa sobre este asunto y la falta de personal examinador para el área de banca.

Morales indicó que la OCIF opera con una plantilla de 96 empleados.