A eso de las 8:25 de la noche del viernes, el Senado de Puerto Rico aprobó el presupuesto para el año fiscal 2018-2019 cuya cantidad, pese a que insistieron es $40 millones por debajo de lo solicitado por la Junta de Control Fiscal (JCF), aún no cumple con las estipulaciones adicionales del ente federal.

La votación fue decidida por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), liderada por el presidente del senado, Thomas Rivera Schatz, quien dio un discurso extenso con alusiones directas a la JCF, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a los jefes de agencia de la Rama Ejecutiva.

El monto final del presupuesto se fijó en $8,709 millones, suma que contrasta con la reducción a $8,458 millones que solicitó la JCF en su misiva del jueves.

'Yo no tengo ningún problema en enfrentar las consecuencias y tampoco tengo ningún problema en acudir a los tribunales. Si no prevalecemos, en el peor de los casos podre mirar a los ojos a cualquier puertorriqueño y decirle que lo defendí hasta el final', exclamó Rivera Schatz en anticipación a las discrepancias que surjan en los próximos días debido a las cifras.

A esto añadió: 'que no me vendí por un plato de lentejas. Que no entregue la dignidad del pueblo por un bono de Navidad. Que no estuve dispuesto a caer en la artimaña de enfrentar puertorriqueños contra puertorriqueños'.

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La partida aprobada se divide en: $6,000 millones para gastos de funcionamiento, unos $2,038 millones para el pago de las pensiones y $75 millones como reserva de liquidez, totales que provienen de las diversas resoluciones conjuntas (RC) 353, 354, 355 y 366 sobre el presupuesto logradas en colaboración con la Cámara de Representantes.

La Cámara aprobó el presupuesto durante el día del viernes.

Tal como se había anticipado en horas de la mañana, estas tenían el propósito de asignar partidas a las agencias e instrumentalidades públicas, emplear fondos del arbitrio del petróleo crudo en gastos de nómina y gastos relacionados del Departamento de Educación y del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública y otras cantidades a gastos de las tres ramas gubernamentales.

La decisión surgió luego de una reunión en Comite de Conferencia en la tarde y dos horas de sesión y se da como resultado directo de la disputa por la derogación de la Ley 80 de 1976 sobre despido injustificado y el posterior anuncio por parte de la JCF de eliminar el bono de Navidad para los empleados públicos y otras subvenciones.

En su alocución, Rivera Schatz tomó como punto de partida el acuerdo entre el gobernador y la JCF y arremetió con nombre y apellido contra el Primer Mandatario, así como el representante ante la JCF, Christian Sobrino Vega, y los secretarios de los departamentos de Hacienda, Trabajo, el Secretario de Estado, y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), por no ser capaces de justificar económicamente la derogación de la Ley 80.

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De igual forma, criticó el hecho de que la Rama Ejecutiva se haya aliado con la JCF para poner en juego el empleo de los trabajadores y trabajadoras del país.

En ese aspecto, recordó que fue Rosselló Nevares quien originalmente propuso la eliminación del bono de Navidad el pasado 21 de marzo y, tras la avalancha de quejas, decidió retirar la propuesta.

'Hay que gobernar para todos los trabajadores, los del sector público y los del sector privado. De hecho, cuando ese 21 de marzo se anunció, yo exprese que teníamos que proteger el legado de Luis Ferre, quien fundó mi partido, y que creó el bono para todos los empleados públicos', defendió Rivera Schatz.

Su discurso incluyó referencias a Rexford Guy Tugwell, quien fue gobernador de Puerto Rico entre 1941 y 1946; a Ferre y su famosa cita 'la razón no grita, convence'; y hasta al líder independentista Pedro Albizu Campos al decir que si en el corazón de los funcionarios predomina el lema 'la patria es valor y sacrificio', no encontrarían necesidad de claudicar ante la JCF.

La minoría del Partido Popular Democrático (PPD) tambien expresó a su manera la preocupación ante las medidas de la JCF vis a vis el deber constitucional de un legislador de aprobar un presupuesto.

Por su parte, los senadores Jose Vargas Vidot y Juan Dalmau Ramírez hicieron un llamado para manifestarse contra la JCF, aunque sea mediante el rechazo de sus políticas sugeridas.

'La Junta ha desatado su ira contra el pueblo de Puerto Rico y su pretensión de imponer un presupuesto que reduce asignaciones importantes en áreas socialmente sensitivas y neurálgicas como salud, educación --particularmente educación especial-- y desarrollo económico deben causar la indignación del pueblo de Puerto Rico y el más contundente rechazo, repudio y combate de nuestra parte', exclamó Dalmau Ramírez, quien representa al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

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Durante una conferencia de prensa en horas de la tarde, la JCF manifestó su intención de esperar a que la Legislatura aprobara un presupuesto para entonces someter sus anotaciones.

No obstante, emitieron un nuevo Plan Fiscal en el cual descartan la mención de la Ley 80 y proponen recortes a la Rama Ejecutiva de 14% para el año fiscal 2019. En cuanto a la Legislativa, una disminución de 21% ($44.5 millones), y la Judicial uno de diez por ciento.

De acuerdo a los estimados, para el año fiscal 2023 las primeras dos ramas habrán acumulado un recorte de 32%, para un total de $82.1 millones.

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Puede leer la versión del presupuesto de la JCF pulsando aquí.