El nuevo Código de Incentivos bajo la consideración de la legislatura busca conferir un mejor orden a la otorgación de incentivos, sin embargo, eliminará una herramienta que supone facilitar y agilizar la concesión de incentivos, como tambien medir la efectividad de cada uno de ellos sobre la economía.

Se trata del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, al presente disponible en el portal pivcide.pr. La página fue creada por virtud de la ley 187 del 2015, y establece que el portal facilitará la tramitación para la concesión de incentivos y beneficios contributivos.

Dicha ley está en la mirilla del nuevo Código de Inventivos, que persigue derogar las secciones 1-13 de la ley 185 del 2015. Dichas secciones básicamente detallan la creación y administración del portal, las obligaciones de las agencias que otorgan incentivos y además establece los guías para fiscalizar la otorgación de incentivos.

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Sin embargo, según explicó el autor de esa ley, el representante Rafael Hernández Montañez, ya esa ley sufrió una enmienda el año pasado que exime a las agencias de gobierno que emiten y reciben incentivos a tener que cumplir con la tramitación y presentación del incentivo mediante el portal. Para Hernández Montañez, el efecto práctico de las enmiendas en vigor y las propuestas derogaciones desvirtúan los aspectos de la ley que buscaban delegar al Instituto de Estadísticas el manejo de esa data para estudiarse y dilucidar el rendimiento de cada incentivo sobre la economía.

'Por eso nosotros con la ley 187 creamos toda una infraestructura uniforme de agencias certificadoras, de cumplimiento, de un portal, de buscar un tercero transparente, que era el Instituto de Estadísticas, que compilara toda esa información para dar una rendición de cuentas', explicó Hernández Montañez a NotiCel.

El mecanismo de fiscalización que encamina la ley 187 gira en torno a la certificación de cumplimiento, un documento emitido por la agencia que otorga el incentivo y que valida que el solicitante cumple con los requisitos para obtener el mismo. Estas certificaciones tienen una vigencia de dos años y la misma debe someterse al portal.

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Según el representante, la idea detrás de este mecanismo era que despues de ese periodo de dos años la agencia que emitió la certificación evaluaría cuánto se cumplió dentro el acuerdo de incentivo el costo beneficio de cada uno. Hernández Montañez indicó que, al eliminar estos requisitos, la administración no contará con la data necesaria para determinar cuáles incentivos realmente aportan a la economía.

'Hay una visión de hacer cambios sin tener una base empírica sustantiva que establezca que este cambio va a tener el resultado positivo o negativo. Ese ha sido el patrón de esta administración', expresó el representante popular.

Los fondos que dispone la ley para la operación del portal suponen ser de un millón de dólares anualmente y provendrán del Fondo Especial para el Desarrollo Económico. El nuevo Código de Incentivos dispone que ese fondo se consolidará junto a otros fondos para crear el Fondo de Incentivos Económicos.