El gobernador Ricardo Rosselló se inclina a vetar el proyecto que pretende crear un sistema unitario de cobro de impuestos municipales por la fuerte oposición de alcaldes de ambos partidos políticos, confirmó una fuente en La Fortaleza.

'Básicamente todos los alcaldes están solicitando eso, que el gobernador lo vete. Recientemente hubo una reunión de alcaldes federados y todos estaban en contra', dijo a NotiCel el alcalde de San Sebastián, Javier Jimenez.

El proyecto de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz pretende imponer un sistema único de contabilidad para todos los municipios. Aunque el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) será la entidad encargada de implementar y administrar las disposiciones de la ley y velar por la ejecución del contrato, será la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas la que adjudique el contrato para la implementación del nuevo sistema.

El nuevo sistema uniformaría toda la data que utilizarían los municipios para el cobro de patentes, impuestos municipales, el IVU y el impuesto sobre la propiedad inmueble, creando una plataforma única. El sistema sería creado por una compañía privada.

El proyecto, además, aumenta el porcentaje que los municipios pagarían a los que contraten para cobrar sus deudas, patentes e impuestos a contingencia. De un diez por ciento que se permite actualmente, a treinta por ciento bajo el nuevo sistema.

Precisamente, desde marzo el CRIM dejó sin efecto las negociaciones con la empresa BCMG para el cobro de cerca de $2,300 millones de deuda atrasada, ya que la transacción suponía vender la multimillonaria cartera a cambio de un adelanto de $400 millones.

En aquel momento el presidente de la junta del CRIM, Javier Carrasquillo, dijo a NotiCel que se había determinado reanudar el proceso para buscar compañías que ofrecieran un adelanto similar mediante un contrato de servicios profesionales que suponga la venta de la cartera.

El CRIM había otorgado en enero pasado el contrato para privatizar el cobro de la deuda a la empresa BCMG, como parte de los esfuerzos del CRIM para aumentar sus recaudos para paliar la grave situación fiscal de los municipios.

Para alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) la nueva medida es adversa a los intereses de los ayuntamientos porque representa un retroceso en la autonomía municipal.

La fuerte oposición de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes se debe a que la medida no fue consultada con ellos y, de convertirse en ley, vendrían obligados a utilizar el sistema único, aun cuando muchos municipios han instaurado sus propios programas, lo que les representa un costo adicional.

De acuerdo con el alcalde de San Sebastián, el proyecto tomó por sorpresa a los alcaldes porque no había ninguna petición de estos para unificar el sistema, ya que cada alcalde ha diseñado un programa de contabilidad según sus necesidades, lo que ofrece mayor flexibilidad y agilidad para la realidad operacional de cada ayuntamiento.

'Antes era un sistema centralizado con OCAM que se volvió obsoleto. Ahora cada municipio tiene sus características módulos que satisfagan esa necesidad. La necesidad es muy distinta en un municipio grande que en uno pequeño. En aquella ocasión los alcaldes pidieron que nos permitieran tener nuestros programas de contabilidad y se logró. El volver a un proyecto (como este) es volver hacia atrás', insistió el alcalde del Partido Nuevo Progresista.

Por su parte el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz dijo que la organización que agrupa a los alcaldes del PPD envió una carta al gobernador solicitando que vete la medida porque es perjudicial para los municipios.

'Nos hemos opuesto desde el primer día. Va en contra de la descentralización del gobierno que debe ser el camino a seguir para que cada día los gobiernos municipales puedan servirle mejor a los ciudadanos. Realmente, nos perjudica', dijo el alcalde de Cayey en entrevista con este diario.

Mientras, el presidente del Senado dijo que su objetivo es colaborar con los municipios y que acepta y entiende las preocupaciones en los planteamientos hechos por los alcaldes sobre la medida.

'Si hay una diferencia de opinión, si algunos ejecutivos municipales creen que esa opción no es la correcta, lo aceptamos, aunque diferimos. No debemos obstinarnos con una alternativa', expresó Rivera Schatz en las redes sociales.

Varias fuentes vinculadas al ejecutivo y a los gobiernos municipales aseguraron a este diario que detrás de la medida se encuentran el CPA Luis Vázquez, y el empresario Julián Londoño de la empresa SOFTEK, INC.

Según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, al 30 de junio pasado ambos mantenían contratos con agencias y municipios. En el caso de Vázquez, ofrece asesoría tecnica y financiera con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Municipio de Bayamón.

Tambien ha sido designado como uno de los 'Senior Recovery Specialists' de la Oficina del Representante Autorizado del Gobernador ante FEMA (GAR), encargados de asistir a los municipios en las reclamaciones de fondos federales bajo el Programa de Asistencia Pública por los daños causados por los huracanes Irma y María.

Mientras, Londoño opera el sistema de licencias en la Administración de Familias y Niños, y ofrece consultoría sobre sistemas de información en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, además del Municipio de Bayamón.

Ambos contratistas se distanciaron de la medida y rechazaron estar detrás de la creación del sistema único. Vázquez rechazó tener relación alguna con el proyecto que aseguró ni siquiera ha leído.

'Quien te dijo eso está totalmente errado. No tengo que ver nada con dicho proyecto. Ni siquiera lo he leído', dijo el CPA a este diario mediante declaraciones escritas.

Por su parte, Londoño aseguró que no ha cabildeado ni tiene relación alguna con la creación de este sistema.

'Absolutamente no, me toma por sorpresa porque, a pesar de que somos una de los suplidores principales de estos tipos de sistemas de información para municipios, la realidad es que no lo promovimos. No somos los que estamos detrás. No es idea de nosotros como compañía promover un proyecto para que nos digan que somos la compañía que va a ser agraciada, porque eso te lleva 'fast track' a problema', indicó.

Dijo que favorece la medida y que, contrario a lo que los alcaldes plantean, no es centralizar sino ofrecer una herramienta uniforme para todos los municipios.

'El problema es que le pusieron la palabra centralización y no lo es. Cada alcalde podría tener su sistema. Lo que se persigue es tener lo que no se tiene ahora que es la estandarización de un modelo optimizado de servicio', aseguró.