Tras evaluar el proyecto de ley que permite concesión de las casetas y muelles ubicados en el litoral costero y el cobro de cánones por un término de 40 años.

Personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) insistió en una vista pública que la medida legislativa que propone otorgar concesiones a las casetas y muelles construidos en La Parguera, así como establecer un pago mediante el cobro de cánones, resolvería la problemática que ha existido durante décadas en el área y aclaró que no es sinónimo de un acto de vender o transferir el recurso ambiental.

La controvertible medida que llegó a la Legislatura por conducto administrativo por la gobernadora, Jenniffer González Colón, ha sido eje de críticas debido a que sus suegros poseen propiedades en la zona de La Parguera.

Además de radicar la medida legislativa, la administración arrancó vestida de controversia después de que el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, firmara una orden administrativa con el propósito de archivar el caso que pesaba contra los suegros de la primera mandataria por la construcción ilegal y daños ambientales en La Parguera.

"En ninguna circunstancia, se está cediendo al dominio público sobre los terrenos y las aguas de La Parguera. Esta disposición es el pilar sobre el cual descansa la integridad y la razón de ser de este proyecto. El Gobierno mantendrá el control y la autoridad absoluta sobre la zona marítimo terrestre. La ocupación y el uso de las estructuras en La Parguera se permite únicamente mediante una licencia de uso de superficie, la cual no confiere ningún derecho de propiedad a los ocupantes y no podrá, bajo ningún escenario, interpretarse como una cesión de derechos sobre terrenos de dominio público. Esto es fundamental para preservar el carácter público de La Parguera y evitar que los terrenos costeros, que pertenecen al pueblo de Puerto Rico, terminen en manos privadas o sean sujetos de apropiación ilegal", apuntó Brenda Liz González, directora de la oficina de Asuntos Legales en el DRNA.

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"El mensaje es claro con la aprobación de esta medida. La Parguera no se vende, no se transfiere, no se pierde. La Parguera permanece y permanecerá bajo la protección y control absoluto del pueblo de Puerto Rico. El P de la C 269 no solo representa una oportunidad para resolver una problemática que ha persistido por décadas, también simboliza un compromiso con la legalidad, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades que han vivido y trabajo en la zona de La Parguera" , agregó.

La agencia ambiental envió recientemente a los propietarios de las estructuras en el litoral costero de La Parguera una carta para solicitar una concesión para el Aprovechamiento y Uso de los Bienes del Dominio Público Marítimo terrestre, que va cónsono con los propósitos de este proyecto de ley.

También, deberán entregar declaraciones juramentadas por un ingeniero, arquitecto o agrimensor licenciado sobre la huella existente de las residencias y muelles, así como un plano actualizado de la superficie ocupada.

Se espera que para el mes de junio estos documentos estén entregados a la agencia en su totalidad.

En una lista previa que Quiles envió al senador Eliezer Molina, habían 160 estructuras privadas que están en la zona marítimo terrestre de La Parguera.

En el turno de la representante del PIP, Adriana Gutiérrez, le cuestionó al DRNA cómo protegen al medio ambiente endosando este proyecto administrativo que para su parecer, no beneficia a los recursos naturales ni a los residentes de la zona.

“Parte de las preocupaciones es precisamente que se está legalizando lo que ha sido una contaminación que ha llevado a cabo estas estructuras a medida que con el tiempo han cambiado su uso y la ampliación de servicios como el sanitario, acueductos, energía eléctrica y otros han ampliado sus huellas, con la creación de muelles y puertos y todo lo demás. Yo creo que una gran interrogante y preocupación para el país es dónde han estado las agencias como el Departamento de Recursos Naturales en los momentos, porque esto es un problema nuevo, un problema histórico de muchos años. Dónde han estado las agencias que tienen que velar por la conservación en los momentos que ahora reconocemos que sí, ha habido contaminación y entonces no vemos como una rendición de cuentas de qué es lo que ha sucedido y ahora ya pasó el tiempo y no sabemos”, apuntó la representante.

“Y entonces parte de las preocupaciones es cómo proyectos como estos que legalizan estas estructuras no nos dicen a nosotros como país que esto va a seguir sucediendo cuando hemos visto que las agencias que debieron en su momento velar por la protección del ambiente no lo hicieron y cómo ahora sabemos como país que sí se están haciendo”, denunció.

González no estuvo de acuerdo con la postura de Gutiérrez.

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“Muy respetuosamente, eso no es correcto. Puedo dar fe de que se interviene, de que ese servicio para las aguas sanitarias evitó que esto pudiese continuar. El que se diga que el Departamento no está tomando acción, digo que eso no es correcto. El Departamento sí está tomando acción", le contestó.

DRNA explicó que por años se ha trabajado con la incertidumbre de la construcción de estas casetas y de la huella ambiental, que no es otra cosa que el método que se utiliza para cuantificar el impacto ambiental.

La huella ayuda a identificar áreas donde pudo haber impactos negativos al medio ambiente. González explicó que el último informe actualizado del inventario de casetas y muelles en La Parguera data del 2013 y que fue hecho por un empleado que no es ingeniero y tampoco tenía las licencias correspondientes.

Sin embargo, dijo que gracias a la controversial orden ejecutiva de Quiles, han comenzado un proceso de evaluación de inventario.

"¿Ustedes pueden asegurar que este proyecto de ley y estas estructuras que están en La Parguera y que puede ser renovado, por 40 años, incluso más, quizás. Ustedes desde el Departamento de Recursos Naturales pueden asegurar que esto no tiene unas consecuencias negativas sobre el mangle, sobre la variabilidad bioluminescente, sobre la vida marina o nuestros recursos naturales específicos en esa área?", interrogó Gutiérrez.

“La respuesta es clara. Ya esa ubicación donde están esas casetas, ya eso fue impactado muchísimos años atrás. No puedo decir cantidad porque no tengo una certeza de cuándo se construyó cada una de esas casetas. El que no vaya a afectar, pues para eso es que estamos estableciendo lo que es un marco regulatorio", dijo González.

“Y le pregunto, ¿cuál es el beneficio público que se obtendría de este tipo de concesiones para el país, no solamente para quienes son dueños de estas estructuras o quienes están en estas estructuras?", insistió la representante en su turno.

“Lo primero que estamos garantizando es que el acceso es del pueblo, que el pueblo tiene acceso al área. Y lo segundo, el beneficio, aquí sobre todo tenemos que destacar lo que establece la Ley 416 del 2004, que es la ley sobre política pública ambiental. Esta ley, en el artículo 3 específicamente, donde está la declaración de política pública, establece unos elementos de los cuales emanan que el desarrollo y la protección del ambiente no son excluyentes de uno de los otros. Tienen que ir de la mano. Así que es desarrollo económico, social y sobre todo turístico para el área de La Parguera", indicó González.

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Para la delegación del PIP, esta medida ayuda a legalizar lo ilegal.

¿Qué propone la medida?

En síntesis el P de la C 269 ordena a regular y reglamentar el uso y operación de residencias, muelles y estructuras ubicadas en el litoral costero de dominio público en La Parguera.

También, se les requerirá cobrar una licencia o canon anual por el uso de los terrenos públicos y de agua que ocupen a partir de la vigencia de esta ley.

Las residencias están sujetas a cánones por el uso de la superficie por un término de 40 años y sujeto a renovación al culminar el periodo. Mientras, los cánones se podrán cobrar entre un 5% y un 10% mayor a lo cobrado por el DRNA a las marinas y muelles.

Estas estructuras deben cumplir con los reglamentos y la prevención de contaminación y de no cumplir, se podrá prohibir el uso de la propiedad así como requerir remoción del litoral costero.

Este proyecto también permite reparar las estructuras, pero quedaría prohibido hacer nuevas obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura.

El DRNA deberá promulgar reglamentación a tenor con lo dispuesto en esta Ley dentro de seis meses de su aprobación.

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