El Departamento de Justicia pidió al Tribunal Federal que desestime la demanda radicada por varias parejas homosexuales que piden que se reconozcan sus matrimonios contraídos fuera de Puerto Rico.

Se trata del recurso legal que la activista gay Ada Conde radicó junto a su esposa, Ivonne Álvarez, el 25 de marzo del año en curso para que el gobierno de Puerto Rico reconozca su matrimonio contraído en los Estados Unidos. La demanda, a la que se unieron otras parejas y la organización Puerto Rico para Tod@s, persigue que el matrimonio gay de otras jurisdicciones se reconozca en el país y que también en la isla se permita el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

El Departamento de Justicia alega que los principios del federalismo reconocen el derecho de los estados de regular materias de derecho de familia como lo es en Puerto Rico. La Legislatura ha definido el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

'Por lo tanto, el Articulo 68 del Código Civil se presume válido y constitucional. La institución del matrimonio ha sido delegado históricamente a los estados', dice el documento.

El Departamento también sostiene que los demandantes no han mostrado que han sufrido daños con hechos concretos ni han agotado remedios antes de radicar la demanda.

Esto pone al Tribunal en la posición de tener que dar una opinión consultiva, dice la moción para desestimar.

Según Justicia, ninguno de los demandantes ha dicho que ha tratado de obtener un certificado de matrimonio del Registro Demográfico y que este se le haya denegado.

Tampoco han dicho si trataron de obtener reconocimiento de su matrimonio y que les fue denegado.

No obstante, tanto Conde como Álvarez alegan que a pesar de haberse casado en el estado de Massachusetts, donde el matrimonio de parejas del mismo sexo es legal, no pueden disfrutar en Puerto Rico de los mismos derechos y beneficios que tienen los matrimonios heterosexuales.

A modo de ejemplo, a pesar de estar legalmente casadas, la pareja no puede disfrutar los mismos beneficios que una pareja heterosexual en cuanto a los beneficios del Seguro Social, discapacidad y Medicaid debido a las leyes locales.

Ambas tuvieron que hacer testamentos para tomar decisiones por su cuidado médico en una emergencia, algo que no es requerido a matrimonios heterosexuales.

El matrimonio sostiene que no tienen los mismos derechos de herencia que una pareja heterosexual. La herencia de Álvarez, quien no tiene ascendientes o descendientes, iría al Estado Libre Asociado a su muerte en vez de ir Conde, quien sería su legítima viuda.

Conde y Álvarez sostienen que no puede radicar planilla de contribución sobre ingresos como pareja casada, lo cual les ha obligado a pagar miles de dólares en impuestos que no tendrían que pagar si se les reconociera su matrimonio como válido.

El director ejecutivo de Populares LGBTT y Aliados, Ricardo Ramos Soto, criticó el jueves la posición del Departamento de Justicia.

'Aunque la solicitud de desestimación que presentó el Estado Libre Asociado ante la demanda de las compañeras Ada Conde e Ivonne Álvarez se concentra en la alegación de que las demandantes fallaron en demostrar un daño específico y por ende carecen de legitimidad para solicitar la inconstitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, al escudarse en cuestiones procesales, el Estado perdió una oportunidad para posicionarse en el lado correcto de la historia', añadió Ramos Soto

Conde y Álvarez radicaron un pleito en el mes de marzo en dicho foro para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio que se realizó en el estado de Massachusetts.

El director ejecutivo de los Populares LGBTTA instó otras parejas a llevar sus casos a los tribunales y que continúen retando la constitucionalidad de un artículo retrógrado y discriminatorio y exhortó al Gobierno a no defender lo indefendible de presentarse otra oportunidad.

'Esperamos que en un futuro, si se subsanan las alegadas carencias del presente caso o en el supuesto que se desestimara y otros casos llegaran al foro judicial, el gobierno decida no defender lo indefendible', concluyó Ramos Soto.

Por su parte, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) hizo un llamado público al secretario de Justicia, César Miranda, para que cumpla con el deber que le impone la Constitución y defienda los derechos humanos de las comunidades LGBTT.

'El matrimonio es una figura jurídica desde la cual se construyen un sinnúmero de derechos y beneficios a los cuales al día de hoy no tienen acceso las parejas del mismo sexo. En ese sentido, la legislación puertorriqueña es discriminatoria', expresó el abogado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

'Desde una perspectiva de equidad y del reconocimiento a una ciudadanía plena como la que se plantea en nuestra Constitución, el Secretario de Justicia tiene el deber de facilitar el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo. Es un deber legal y es un deber moral porque nace de la aspiración a un país en el cual todo ser humano pueda acceder de manera libre a los derechos y beneficios que como estado se le reconocen a otros grupos', añadió la también abogada Amárilis Pagán Jiménez.

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad expresó, además, que ya es hora de que el gobierno asuma con valentía la defensa de la equidad y resista las presiones indebidas de sectores religiosos que por años se han opuesto a los derechos humanos de comunidades vulnerables como la LGBTT.

'La contestación de nuestro gobierno a la demanda pretende quedar bien con todo el mundo. Armonizar posturas, tal vez? Pedir la desestimación de la demanda sin entrar en los méritos legales para complacer a sectores fundamentalistas y a la vez, evitar reconocer que el Estado discrimina a las comunidades LGBTT? Eso, en una democracia, es inaceptable y es ofensivo a nuestra dignidad', concluyeron.

*Esta nota fue publicada originalmente a las 8:03 a.m.*

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