El Secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, explicó el viernes los próximos pasos e implicaciones que tendrá la legalización del matrimonio homosexual en Puerto Rico, tras la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La interpretación jurídica de la agencia es que las parejas del mismo sexo tambien gozarían del derecho a la adopción aunque esto tendría que determinarlo un tribunal.

'Nuestra interpretación es bien amplia a favor del reconocimiento del derecho total. Si un matrimonio heterosexual puede adoptar, por qué uno homosexual no va a poder adoptar?', contestó Miranda en una conferencia de prensa citada a último momento tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de declarar inconstitucional la prohibición del matrimonio a parejas del mismo sexo, por encima de las leyes vigentes en los estados más conservadores y Puerto Rico.

De inmediato,la procuradora general, Margarita MercadoEchegaray, radicará una moción ante el Tribunal de Apelaciones de Boston para que valide la demanda de la licenciada Ada Conde contra el gobierno para que se reconociera en la isla su matrimonio con Ivonne Álvarez, contraído en el estado de Massachusetts.Radicará también una moción similar en el caso que llevaron los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) contra el Gobierno en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde se le requería comparecer para defender el Artículo 68 del Código Civil.

Tanto Miranda como Mercado Echegaray indicaron que la opinión de cinco jueces en el caso Obergefell v. Hodges no solo permite que parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil, sino también otorgará una serie de protecciones complementarias como los derechos de herencia, y la alternativa de rendir planillas como pareja. 'Se crean una serie de derechos igualitarios que hoy día las parejas disfrutan', dijo Miranda.

Entonces sonriendo se anticipó a la pregunta que todos se están haciendo: 'La pregunta de si se pueden casar mañana... Pues yo entiendo que sí', dijo Miranda.

Sobre los motivos religiosos que pudieran tener algunos miembros de la Judicatura para negarse a celebrar una boda de personas del mismo sexo, Mercado Echegaray indicó ese ya no es un fundamento para que el Estado deniegue licencia o reconocimiento. 'La opinión preserva obviamente el derecho de todo ciudadano de tener libertad religiosa y profesar el credo que entiendan pertinente, pero hay un mandato de Ley de que en P.R. se tienen que reconocer estos matrimonios y las personas que vienen llamadas por ley a celebrar estos matrimonios no pueden denegarse a base de género o sexo de esta persona', recalcó.

Aclaró, sin embargo, que las Iglesias preservan su prerrogativa de no reconocer, por su credos, ciertos matrimonios porque el que está implicado en esta determinación es el matrimonio civil, que el Estado viene llamado a reconocer.

'Ya no se va a distinguir en referencia al sexo o género de la persona. Todos serán matrimonios. Tendrán las mismas obligaciones y los derechos que eso conleva', puntualizó la Procuradora General.