No condenó directamente la orden del juez federal Juan Perez Gimenez, pero el gobernador Alejandro García Padilla, se amparó hoy, miercoles, en las decisiones del Supremo federal y el Primer Circuito de Boston el sobre el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

'El derecho fundamental al matrimonio igualitario ha sido validado y ordenado por el Tribunal Supremo Federal y por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. En ese sentido, voy a respetar las determinaciones de tribunales de superior jerarquía que, agraciadamente, ordenan un proceder muy distinto al que propone el juez Pérez Giménez', declaró en comunicado de prensa.

Mientras, el activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano, agradeció al Gobernador por ordenar que se sigan celebrando matrimonios igualitarios en Puerto Rico a pesar a la decisión contraria del juez Pérez Giménez.

'Agradezco y felicito al Gobernador por hacer lo correcto. La igualdad matrimonial es ley en Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Estados Unidos así lo determinó. El Primer Circuito de Apelaciones en Boston lo reiteró. Ninguna incongruente decisión de un tribunal de menor jerarquía tiene mayor peso que esas dos cortes', aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Tod@s, organización que es co-demandante en este litigio sobre el matrimonio igualitario, se mostró esperanzado en que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revoque la nefasta decisión del juez Pérez Giménez.

No obstante, Serrano reiteró su llamado para que la Legislatura perpetúe la igualdad matrimonial y otros derechos LGBTT a través de la revisión del Código Civil.

'Si esta Legislatura está verdaderamente comprometida con la equidad, como aduce estarlo, tiene que completar la impostergable revisión del Código Civil con el reconocimiento pleno de la igualdad matrimonial y todos los derechos para las personas LGBTT. Exigimos igualdad plena. Ni más, ni menos', concluyó el líder comunitario.

Asimismo, el director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), William Ramírez, expresó en un comunicao de prensa que, 'No es suficiente que nuestros legisladores expresen su acuerdo con el principio de equidad para todos y todas; tampoco es suficiente que celebren las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando reconoce esos derechos fundamentales. Si nuestros legisladores y legisladoras realmente creen en la equidad quedan estos obligados a tomar acción para derogar los artículos 68, 137 y138 del Código Civil de Puerto Rico. Confiamos que la opinión del tribunal federal en Ada Conde Vidal v. Alejandro Garcia-Padilla será revocada por el primer circuito del Tribunal Apelativo Federal en Boston'.

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