Madrid - Dos nietas de desaparecidos durante la dictadura franquista declararon hoy, en el juicio que se sigue a Baltasar Garzón por investigar los crímenes y desapariciones durante ese régimen, que acudir a la Audiencia Nacional española, donde ejercía el magistrado, era su única opción para 'cerrar heridas'.

Después de que ayer testificaran dos hijas de desaparecidos en la Guerra Civil española (1936-39) en el proceso contra Garzón que tiene lugar en el Tribunal Supremo, las dos nietas narraron hoy ante el mismo tribunal sus experiencias personales.

Josefina Musulén Giménez, de una asociación de Memoria Histórica de Aragón (nordeste), relató cómo el 13 agosto de 1936 un falangista fue a buscar a su casa a su abuelo, miembro del sindicato anarquista CNT, y que también se llevaron a su abuela embarazada.

'Nos dijeron que a mi abuela le dieron el tiro de gracia en la tripa', dijo Musulén, quien añadió que sólo después de la muerte de Franco (en 1975) 'testigos nos contaron que a mi abuela la ingresaron' en un hospital y que allí dio a luz. 'A mi abuela no la volví a ver y a la niña tampoco. Así pudimos saber que mi madre tuvo una hermana sana hace 33 años', concluyó.

Por su parte, María Antonia Oliver París, representante de una asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de la isla de Mallorca, dijo, sobre la desaparición de su abuelo, que 'mi abuela ya murió y solo cerró sus heridas con la muerte. Yo lo que pretendo es que mi madre pueda cerrarlas antes de morir, con la justicia y la reparación'.

Las dos testigos de la defensa de Garzón, a preguntas del abogado de éste, señalaron que la mayoría de los familiares de los desaparecidos se educaron en la dictadura, y que 'las víctimas no sabían que tenían el derecho de denunciar'.

'Pero los nietos, que sí que sabemos que tenemos ese derecho, empezamos a pensar que teníamos el derecho y el deber de denunciarlo', añadió, para explicar por qué acudieron a los tribunales.

El juicio contra Baltasar Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo comenzó la semana pasada en Madrid, acusado de prevaricación por haber ignorado la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977, en la transición de la dictadura a la democracia.

El juez instructor aceptó la querella presentada por la asociación ultraderechista Manos Limpias -que pide la inhabilitación de Garzón- mientras que la fiscalía no acusa y pide su absolución.

El magistrado -que alcanzó notoriedad internacional por perseguir a los represores de las dictaduras de Argentina y Chile- está suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde 2010, y tiene abiertas otras dos causas judiciales, por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción y por unos cobros que recibió del Banco Santander durante unos cursos en Nueva York.