La intervención de las fuerzas del orden para impedir la celebración del referendum independentista en la región española de Cataluña causó hoy 761 heridos y contusionados, dos de ellos graves, según informaron las autoridades regionales.

Por su parte, el Ministerio español del Interior indicó que 19 policías y 14 guardias civiles tambien resultaron heridos al intervenir para retirar urnas e impedir la celebración del referendum por orden de la Justicia, lo que generó momentos de tensión.

Las cargas policiales y otros incidentes provocaron heridos y contusionados de diversa consideración, uno de ellos por un pelotazo de goma en un ojo a las puertas de uno de los centros de votación de Barcelona, que se encuentra en estado grave en un hospital de la ciudad.

El otro herido grave, tambien hospitalizado en Barcelona, es un hombre de unos 70 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando la policía desalojaba un colegio electoral en la ciudad catalana de Lerida.

En los incidentes, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a seis personas, una de ellas menor de edad, por resistencia, desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad.

Según Interior, los agentes se han visto 'acosados, hostigados e incluso agredidos en numerosas ocasiones'. El Ministerio difundió varios vídeos en los que se aprecian episodios de acoso e insultos a policías y guardias civiles.

El Ministerio había pedido colaboración y respeto en los colegios electorales para que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con la orden judicial de impedir de forma pacífica la celebración de la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.

El portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, atribuyó los heridos y contusionados a la 'violencia policial del Estado' y les aconsejó que acudan a centros de salud para obtener un certificado medico y presenten una denuncia ante la policía autonómica (Mossos d'Esquadra).

Según fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra han recibido hoy 48 denuncias de personas que han resultado heridas en las intervenciones policiales.

Turull responsabilizó al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de los 'gravísimos hechos', entre los que tambien señaló la 'agresión' a la responsable regional de Enseñanza, Clara Pontsatí.

Por su parte, el ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, explicó que los agentes se han encontrado situaciones 'complicadas'.

Tan solo en uno de ellos, en el centro de votación Ramón Llul de Barcelona, tuvo que utilizarse metodos de defensa al verse en una situación de 'acorralamiento', aseguró.

Según el Gobierno catalán, la votación no se pudo efectuar con normalidad a causa de la actuación policial en 319 de los 2,315 centros de votación designados para el referendum, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Convencidos de que la Unión Europeo no reconocerá la independencia a Cataluña

Por su parte, el ministro portavoz del Gobierno español, Íñigo Mendez de Vigo, se mostró hoy convencido de que la UE no reconocería una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña, ya que 'supondría para Europa un lío de primera magnitud'.

Un día despues de lo que calificó de 'simulacro' de referendum en Cataluña y con la disposición del Gobierno catalán a declarar unilateralmente la independencia, el ministro destacó a la radio Cadena Ser que esa declaración 'no tendría ningún efecto político ni jurídico'.

No basta, explicó Mendez de Vigo, con que el Parlamento de una parte de una vieja nación como España 'perpetre' esa declaración y se proclame independiente; hace falta un reconocimiento de la comunidad internacional y, en su opinión, 'no estamos en eso'.

El ministro insistió en la disposición del Gobierno español al diálogo, pero consideró que resulta 'muy difícil' cualquier negociación con alguien que lo único que quiere es la independencia.

Respecto a la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil ayer, cuando cargaron contra ciudadanos y desalojaron colegios electorales para impedir la votación, explicó que 'estas cosas pueden pasar' cuando las fuerzas de seguridad, en cumplimiento del mandato judicial, tratan de que se cumpla la ley ante 'una ilegalidad flagrante'.

El Gobierno de Cataluña mantuvo ayer la convocatoria de la consulta secesionista, suspendida por el Tribunal Constitucional, en la que, según ese ejecutivo participaron 2,2 millones de personas, pese a la prohibición de la consulta.