El Gobierno estadounidense anunció esta semana la entrada en vigor de la nueva política de Venta de Armas Convencionales (CAT, por sus siglas en ingles), un documento del que apenas se sabe con certeza y cuyo principal objetivo es potenciar la industria en un sector que EE.UU. lidera hace años.

El nuevo documento del Departamento de Estado, que enmienda el presentado por la anterior Administración en 2014, establece tres objetivos: dar prioridad a la competencia estrategica, crear un clima propicio para cerrar las operaciones de venta de armas y reorganizar el modelo de negocio para aumentar su exito.

Sin embargo, diversos especialistas consideran que estas metas son vagas y acusan a la Casa Blanca de falta de transparencia.

'Sabemos que ha habido cambios, pero no sabemos exactamente que cambios', lamentó en una entrevista a Efe Andrew Hunter, director del Grupo de Iniciativas de la Industria de Defensa del Centro de Estudios Estrategicos e Internacionales (CSIS).

Hunter se mostró especialmente crítico con la falta de transparencia del actual Gobierno en contraste con la Administración de Barack Obama, que siempre fue 'muy clara' a la hora de 'explicar, racionalizar y justificar' su política armamentística.

La nueva normativa, según la síntesis divulgada por la Casa Blanca, pone el enfasis en el 'aumento de las oportunidades de negocio' y en la importancia de 'reforzar la industria de defensa del país', dos de los puntos más importantes de la política de Trump recogidas en su eslogan: 'Hacer a EE.UU. grande de nuevo'.

Para ello, la nueva CAT simplifica la burocracia que implica cualquier transacción armamentística, de manera que ya no tendrá que ser el Gobierno, a traves del Departamento de Estado, el que inicie toda operación comercial con potenciales clientes extranjeros.

Esto no implica, no obstante, que cualquier venta de armamento no deba someterse en última instancia al Congreso, tal y como sucede en estos momentos.

'Un cambio significativo es que la Administración Obama estableció que, si se daban unos ciertos criterios, las Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP o drones) debían ser exportadas a traves del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en ingles). La nueva política sería mucho menos restrictiva, para así poder vender los ARP como un bien comercial', aclara Hunter.

Según datos de la Agencia de Cooperación en Seguridad del Departamento de Defensa (DSCA, por sus siglas en ingles), en el último ejercicio fiscal, que concluyó en septiembre de 2017, el país norteamericano vendió material militar por valor de 41.930 millones de dólares, lo que lo sitúa al frente de este mercado.

'EE.UU. vende en estos momentos a más Gobiernos que nunca antes y aquellos Estados que aún no son clientes, no lo son por una buena razón. Por ello, esta nueva política busca colocar más armas a clientes ya existentes estableciendo menos condicionantes', comentó a Efe Rachel Stohl, directora ejecutiva del centro de investigación Stimson Center.

Stohl defiende que, si bien anteriores normativas ya recogían los intereses económicos y de seguridad nacional, en el nuevo documento estos pasan a ser un pilar fundamental, mientras que el posible daño a civiles queda aparcado.

'De hecho, la política de 2018 elimina una serie de criterios determinantes a la hora de autorizar una transacción, como los antecedentes de un país respecto a los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo o el posible mal empleo del material', sostiene Stohl.

'Aunque a corto plazo esta política puede llevar a Estados Unidos a exportar más armas, e incluso drones, a largo plazo puede poner en riesgo nuestros principios y valores fundamentales, así como distintos objetivos de política extranjera y de seguridad', lamentó la analista.