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Juicio por los sobornos de Odebrecht en República Dominicana entra en etapa final

La constructora brasileña aceptó haber repartido millones de dólares para adjudicarse ilegalmente obras públicas en el país.

Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría dominicana en 2017 por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos en el país
Foto: EFE

El juicio contra los seis políticos y empresarios de la República Dominicana acusados de recibir los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló haber repartido en el país para adjudicarse ilegalmente obras públicas licitadas entre 2002 y 2012, entró este lunes en la etapa final.

Tras casi un año de audiencias desde que arrancó el juicio de fondo de este sonado caso, el Ministerio Publico empezó este lunes a presentar sus conclusiones, que continuarán el 27 y 29 de julio.

Finalizada esta parte, el día 2 de agosto iniciará la presentación del empresario Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en la República Dominicana y señalado como la persona que repartió los sobornos de Odebrecht en el país.

Rondón dispondrá en total de seis días para exponer sus conclusiones, para luego dar paso a los otro cinco imputados: el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, los exsenadores Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, que deberá concluir el 16 de septiembre.

Este caso de corrupción es el de mayor magnitud de la historia reciente del país, ya que ha salpicado a las dos principales fuerzas políticas, al Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder desde agosto de 2020, y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dirigió el país entre 2004 y 2020.

Odebrecht admitió en 2016 que pagó $92 millones en sobornos a políticos dominicanos para adjudicarse y lograr facilidades en 16 contratos de obras públicas, entre ellos carreteras, hidroeléctricas o acueductos, cuyos presupuestos sumados rondan los 3,865 millones de dólares.

La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la Procuraduría dominicana en 2017 por el que deberá pagar $184 millones en varias cuotas, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos en el país.