El gobierno de Puerto Rico tiene hasta el 12 de agosto para demostrarle al gobierno federal que la legislación recientemente aprobada sobre los seguros de salud es compatible con la Reforma de Salud federal, conocida como Obamacare.

El problema es que la legislación introduce por la cocina lo mismo que ya el gobierno federal le dijo a la Administración García Padilla que no podía hacer: limitar servicios. Además de un desafío al espíritu de acceso y competencia del Obamacare, la legislación es un ejemplo de que, al menos en el tema de salud, el gobierno tiene en primer lugar los intereses comerciales de las aseguradoras, en vez de la oportunidad histórica que está abriendo el gobierno federal para que toda la población tenga acceso a un seguro de salud a precios competitivos.

Aunque la implantación es técnica y compleja, la lógica del Obamacare es sencilla: toda la población, sea de manera directa o a través de sus patronos, está obligada a comprar un seguro de salud individual y las aseguradoras tienen que prepararse para ofrecer planes abarcadores a precios competitivos para toda la población.

El reto en Puerto Rico y los territorios es que no les aplican los mecanismos contributivos que incentivan la compra de los seguros, pero sí les aplica el que las aseguradoras ofrezcan los planes a toda la población sin excepción de condición de salud del solicitante del seguro.

El problema de la respuesta del gobierno de Puerto Rico, según está recogida en cartas y expresiones públicas, es que, en vez de negociar con los federales y crear por legislación los incentivos contributivos para 'obligar' a que individuos y patronos adquieran los seguros, han optado por buscar la forma de limitar los servicios y la disponibilidad de los seguros. Además, han actuado para legislar un cartel de aseguradoras de salud, tipo seguro compulsorio para los carros, que van a administrar la reforma de salud federal como un solo ente monopolístico, en vez de como distintas empresas que compiten entre sí con mejores servicios y precios.

Y es por esto que, mientras los residentes de distintos estados ya están viendo primas por lo menos 33% más baratas que antes de la reforma federal, en Puerto Rico todavía no ha habido una sola palabra oficial de orientación pública sobre los efectos del Obamacare y todavía el gobierno y las aseguradoras ejecutan maniobras secretas para evitar la implantación completa de la reforma a tan solo dos meses y medio de la fecha en que se supone que el nuevo plan sea ofrecido a la población.

Las maniobras legislativas están contenidas en el trámite del Proyecto de la Cámara 1178, el cual NotiCel escudriñó hace semanas como parte de nuestra cobertura permanente sobre el Negocio de la Salud. Como parte del mismo, se establece el grupo unitario de aseguradoras y se establece que, después de una primera oportunidad entre octubre de 2013 y marzo de 2014, las personas sólo podrán suscribirse o renovar el nuevo plan en un período de dos meses y medio. Si no lo hacen en ese período, se quedan fuera por todo el año hasta que vuelva a abrirse el período de renovación. Ahora, la Administración García Padilla tiene hasta el 12 de agosto para convencer al gobierno federal de que ese andamiaje cumple con el espíritu del Obamacare, una medida que todavía despierta la más sólida determinación de propósito del presidente Barack Obama, según quedó evidenciado este mismo fin de semana en una entrevista con The New York Times.

En el tracto legislativo del proyecto queda claro que los argumentos y enmiendas que promovieron la Oficina de la Comisionada de Seguros, Ángela Weyne, en supuesta defensa del interés público, y la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), en defensa de los intereses de la industria) eran los mismos, y son los mismos también que usó Weyne en la carta al Departamento de Salud federal solicitando el relevo de la aplicación completa del Obamacare. Queda claro, además, que la preocupación de las comisiones legislativas sobre la Salud era, precisamente, la salud financiera de las aseguradoras en vez del acceso de los puertorriqueños al Obamacare. De hecho, en su ponencia en contra, la Asociación de Laboratorios Médicos llama la atención que el proyecto no tiene un esquema de sanciones contra las aseguradoras que incumplan con la ley, ni dice qué va a pasar con las ganancias que las aseguradoras tengan en la operación de este cartel.

'No ha habido en esa carta ni en ninguna otra expresión escrita o verbal, expresiones del gobierno de Puerto Rico y sus funcionarios en contra de esa política pública y si las hubiera, estarían desautorizadas por mi', dijo, sin embargo, el Gobernador el domingo ante la tormenta desatado cuando un blog divulgó la semana pasada las maniobras de su administración sobre el Obamacare. 'Nosotros los reguladores de seguros de los cuatro territorios estadounidenses proponemos que se nos exima de la disposición de garantía de acceso', dice por su parte la carta de Weyne, en referencia a la disposición del Obamacare que prohibe que se le niegue el plan a una persona por condiciones preexistentes o su historial de uso del plan.

Para girar más la tuerca de la cuasioficial alianza entre la Comisionada de Seguros y la industria que se supone que regule de manera independiente, la carta de Weyne al gobierno federal amenaza conque en Puerto Rico va a pasar lo que hasta ahora no ha pasado en prácticamente ningún otro lugar de Estados Unidos: que el Obamacare va a aumentar las primas en vez de bajarlas. Lo curioso del argumento es que no menciona nada del efecto abaratador de costos que se supone tenga la competencia entre aseguradoras, y que es la misma Weyne la que se supone que autorice a las aseguradoras a aumentar primas después de un proceso de evaluación de datos reales de gastos. Por lo que la carta al gobierno federal constituye un aviso de que ya el ente gubernamental que se supone regule los precios de las primas ha dado su aval a que, de hecho, aumenten las primas, incluso antes de que comience el Obamacare. Weyne llegó al gobierno tras ser ejecutiva en la aseguradora MMM y otras.

'El mercado no aguanta aumentos de esa naturaleza, particularmente del sector privado… Si la preocupación es que entonces personas buscarían otros seguros de salud, entonces lo que hay que buscar es que más personas obtengan seguro', opinó por su parte el Comisionado Residente Pedro Pierluisi.

El gobierno local, añadió, tenía una serie de opciones en vez de solicitar que la isla sea exenta de tener que ofrecer seguro a las personas con enfermedades previas.

'Puedes dar incentivos…Puedes subsidiar esa cubierta. No meramente decir que no me aplique aquí esa protección', dijo Pierluisi sobre el trámite que le supone a Puerto Rico $925 millones en fondos federales adicionales a los que ahora se reciben para atender la salud de la población.

Y qué pasaría después del 12 de agosto, o después del 1 de octubre, si la Administración García Padilla y su Comisionada de Seguros siguen buscando recovecos para evitar la implantación total del Obamacare?

La carta del funcionario federal Gary Cohen no deja espacio a la duda.

'En caso de que un estado o territorio notifique (a Salud federal) que no tiene autoridad legal para aplicar, o que de otra forma no está aplicando (disposiciones de la reforma federal), o si (Salud federal) determina que que el estado o territorio no está aplicando sustancialmente los requisitos, (Salud federal) tiene la responsabilidad de aplicar esos requisitos en el estado o territorio', indicó.

Vea también:

Con poco tiempo y $925 millones en línea, ASES no dice cómo será el plan de los que no tienen plan

Informe del Senado sobre el P de la C 1178 (Obamacare) - NotiCel_3412

Carta de Com. de Seguros a Dpto. Salud federal sobre Obamacare - NotiCel_3413

Carta de CMS a Com. de Seguros sobre Obamacare - NotiCel_3414