Los dos mil psicólogos licenciados en Puerto Rico pudieran quedar prohibidos de ejercer su profesión a partir del próximo año, debido a un reglamento de la Junta Examinadora de Psicólogos, en donde se les ha requerido una nueva certificación de proveedores de servicios de salud, adicional a la licencia general estipulada en la ley, denunció el miercoles el Movimiento Autónomo de Psicólogos (MAP).

La propia Junta indicó en su convocatoria pública que los psicólogos deben solicitar la nueva certificación previo a noviembre de 2015, ya que las solicitudes recibidas después de esa fecha podrían no estar resueltas para ejercer en enero. Requerir esta certificación persigue, según la Junta, 'constatar que el proveedor tiene competencias mínimas para evaluación, diagnóstico y tratamiento', pese a que por Ley 96 ya se dispone una licencia general para reglamentar la profesión.

La determinación alarmó a estos profesionales de la salud, que se reunieron en el MAP, no solo por considerarla arbitraria, sino porque pudiera crear 'un disloque en los servicios de salud mental' debido a la cantidad de psicólogos que necesitarían recertificarse como practicantes, además de obtener un certificado adicional. Cifras oficiales indican que existen 2,466 psicólogos licenciados activos en Puerto Rico, lo que equivale a un psicólogo por cada 1,419 ciudadanos.

'No necesitamos una junta, que no permita el trabajo de los psicólogos, sino por el contrario, necesitamos una Junta que facilite la posibilidad de que estudiantes formados en universidades prestigiosas, cuyos egresados tienen prácticas en Estados Unidos y el mundo, puedan seguir practicando', comentó la doctora Amaryllis Muñoz Colón, coordinadora general delMAP.

La convocatoria firmada por la Secretaria de Salud, Ana Ríus, exige un pago de $50 a nombre del Secretario de Hacienda, así como evidencia de al menos 12 créditos a nivel graduado enel área de práctica que reclamen. El pago supone un total de $123,000 recaudos nuevos para Hacienda. En algunos estados de Estados Unidos existe la licencia, pero no de forma obligatoria, según el grupo. 'Se nos está exigiendo una licencia que ninguna otra jurisdicción tiene', comentó Muñoz Colón.

'Nos veríamos amenazados... En mi caso, yo tengo licencia desde 1985. Estoy amenazado que si no lleno esos nuevos requisitos de la junta, se me acuse de estar practicando la psicología sin la debida licencia, lo que es absurdo porque yo tengo la licencia', comentó el doctor Jorge A. Montijo.

Bajo la Ley 96, se exige que los practicantes y docentes renueven su licencia cada tres años, para lo cual deben evidenciar que han tomado 45 créditos de educación continua.

El grupo informó que la enmienda al reglamento viola la autonomía universitaria debido a que exige que todo profesional licenciado evidencie que el currículo cumple con los criterios de especialidad que han establecido. 'El que no presente eso, no pueda continuar con la práctica de la psicología... Va hacia la erosión de la autonomía universitaria porque son las universidades las que establecen cuál es la formación de los psicólogos', argumentóMuñoz Colón.

Por otro lado, se informó que el grupo De Frente a la Reválida se reunió esta mañana en la Comisión de Salud de la Cámara, presidida por la representante Lydia Méndez, para conversar acerca de la derogación de la Ley 281 de 2012, que estableció una nueva prueba de reválida ofrecida por la Association of States and Provincial Psychology Boards (ASPPB). Esta enmienda eliminó la reválida puertorriqueña para establecer una extranjera, que según este grupo, no sigue las particularidades de la diversidad puertorriqueña.

Según dijeron, esta prueba se basa en criterios raciales que no son aplicables a Puerto Rico y que no se enseñan en las universidades. Solo 43 de 207 estudiantes registrados han tomado la prueba y ninguno la ha pasado. 'Estamos en el limbo hace dos años... No hay nuevas licencias desde hace dos años', comentó la profesora Rowina García, quien es una de las que no ha podido ejercer pendiente a la derogación de la prueba.

Muñoz Colón exigió, además, modificar el modo en que se seleccionan a los miembros de la Junta, para que en lugar de ser nombrados por el Gobernador, se cercioren de que sean personas con mirada colegial.