Organizaciones de salud y pacientes que alegan que se les está denegando medicamentos para condiciones críticas hicieron hoy un llamado a la Cámara de Representantes para que aprueben sin dilación un proyecto que propone regular y fiscalizar a los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBMs), y que sea el Departamento de Salud, y no la Oficina del Comisionado de Seguros, el ente fiscalizador.

El Proyecto del Senado 218 ya fue aprobado de forma unánime y tripartita en el Senado. Este propone fiscalizar las prácticas de los PBMs, quienes están carente de regulación, lo que ha tenido un impacto adverso en el acceso a medicamentos de miles de pacientes en la Isla.

Los PBMs son intermediarios contratados por las aseguradoras de salud para el manejo y la administración de los beneficios de farmacia de los pacientes. Se estima que sus ganancias a nivel local rondan en los $500 millones anuales y a nivel de Estados Unidos sus ganancias se estiman en más de $6 billones anuales.

'Es vital que se regule este sector para proteger la salud de los pacientes. Más de una treintena de estados de la nación poseen regulación vigente, demostrando la reducción en los costos asociados a medicamentos, así como garantizando un acceso a los pacientes a los medicamentos para sus tratamientos. Estados como South Dakota, Arkansas, Wisconsin, Maryland, Michigan, New Jersey, Illinois y Texas, entre otros, poseen regulación estricta hacia los PBMs y han experimentado ahorros que ascienden a $2 billones anuales. Puerto Rico, no puede ser la excepción', señaló Andres González, presidente de la Asociación de Padres de Niños con Impedimento y Portavoz de la Alianza Pro-acceso a Medicamentos.

Según María Cristy, vicepresidenta de la Sociedad Americana contra el Cáncer y portavoz de la Alianza, enfatizó que los mayores retos que enfrentan los pacientes y proveedores ante la carencia de regulación son las prácticas dilatorias que los PBMs han implementado basados en requerimientos irrazonables, que provoca el efecto de retrasar y, en otros casos denegar el acceso a los pacientes a sus medicamentos.

'Esto último, se agrava cuando el paciente tiene una enfermedad catastrófica o terminal, donde su vida depende del medicamento recetado en el tiempo preciso. Los casos de pacientes atravesando estas vicisitudes son numerosos y en los pasados años hemos observado un aumento drástico', manifestó Cristy.

'En otros casos, el PBM simplemente se niega a cubrir el medicamento recetado por el medico e impone un medicamento distinto al recomendado por el profesional de la salud, sin mayores consideraciones. Otro reto de la carencia de regulación es que el PBM, a su discreción y determinación unilateral, impone descuentos en el costo de medicamentos adquiridos por las farmacias de comunidad, poniendo a estos proveedores en perdidas sustanciales. El efecto de esta práctica es que la farmacia determina no adquirir el medicamento y por consiguiente el acceso del paciente al medicamento se ve tronchado', agregó.

El P del S 218, al presente se encuentra ante la consideración de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, presidida por el Representante Juan Oscar

Morales.

Los PBMs y aseguradores, que son socios de negocio, han llevado a cabo un intenso cabildeo y presión, para lograr que el ente regulador no sea ubicado bajo el Departamento de Salud, como propone la medida, sino que sea adscrito a la Oficina

del Comisionado de Seguros (OCS).

'Esto último, es una estrategia utilizada por los detractores de la medida, ante la inminente aprobación del proyecto, para lograr restar funcionalidad y desvirtuar el objetivo salubrista de la pieza legislativa, así como garantizar una menor fiscalización en torno a sus operaciones. Este cambio opera en total detrimento de los pacientes', aseguró González, portavoz de la Alianza.

La Alianza Pro-acceso a Medicamentos es una organización sin fines de lucro integrada por cerca de 12 entidades de salud, profesionales de la salud y pacientes.